Por hechos ocurridos en 2013, en los que un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) perteneciente a la entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS), empleó arbitrariamente la fuerza pública en contra de una persona migrante centroamericana de 23 años de edad, a quien disparó por la espalda dejándolo paralítico, además de que se omitió proporcionarle la atención médica y psicológica que como víctima de un delito debió recibir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 84/2018, a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Gobierno del Estado de Guanajuato, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR).
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a recibir la atención derivada de su condición de víctima y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, de V, por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza.