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En la Recomendación 003/2026, dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató omisiones en la atención médica brindada a una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 14 “CPS Durango”, quien padecía cáncer terminal y desafortunadamente falleció.
En seguimiento al Informe Especial IE 02/2022, sobre el impacto psicosocial en mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila de Saragoza, el MNPT realizó una visita de seguimiento el 14 de octubre de 2025. El objetivo fue verificar el grado de cumplimiento de las sugerencias de buenas prácticas emitidas, así como evaluar las acciones implementadas por la autoridad penitenciaria para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente respecto la ausencia de la certificación médica al ingreso de las mujeres privadas de la libertad al centro penitenciario femenil de Saltillo.
Los resultados permitieron constatar nivel de cumplimiento relevante de las metas sugeridas: dos han sido cumplidas en su totalidad, siete presentan un cumplimiento sustantivo y cuatro se han implementado de manera parcial inicial o se han desarrollado como medidas de apoyo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MIMN-CDPD), manifiesta su postura frente a la nota titulada “Los mejores en toda la historia: Rosario Piedra sobre sus resultados al frente de la CNDH. Ésta es la realidad”, publicada por el medio Yo También el 29 de enero de 2026.
El 21 de junio de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un Informe especial con motivo de esos hechos; desde el inicio de la investigación, este organismo autónomo hizo público que, debido a la trascendencia e impacto social de tales eventos, inició una investigación de oficio, sin prejuzgar sobre la existencia de violaciones a derechos humanos o la responsabilidad concreta de autoridades; cuya finalidad consistió en garantizar que la sociedad mexicana conociera la verdad de los hechos.
