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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 96/2022 a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; al fiscal general de esa entidad, Roberto Javier Fierro Duarte; así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Uruachi y Guazapares, Marcelo Rascón Félix y Joel Bustillos Ramírez, respectivamente, por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada.
Sobre el caso de violación a derechos humanos a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; y el derecho a la seguridad jurídica, por retardar la procuración de justicia en perjuicio de V, por la entonces Procuraduría General de la República (en la temporalidad de los hechos) y la Fiscalía General del Estado de Durango.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 95/2022 al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en perjuicio de una persona afrodescendiente, de nacionalidad hondureña, quien el 27 de septiembre de 2019, arribó a la Estación Migratoria de la Ciudad de México (EM-CDMX) procedente de Saltillo, Coahuila, en un autobús particular contratado por el INM con la finalidad de ejecutar su retorno asistido. Sin embargo, al descender del vehículo, personal de migración lo agredió con golpes e insultos, arrancándole una de sus rastas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 47/2022 a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna; a la presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, Imelda Castro Castro; a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero por la ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional: su impacto en la libertad de expresión, el derecho a defender los derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del Estado mexicano.
“Ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional: su impacto en la libertad de expresión, el derecho a defender derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del estado mexicano”.
