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Por instrucciones de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, personal de este Organismo Público abrió una investigación y emitió un acuerdo de atracción en torno al caso de detención del C. José Manuel del Río Virgen, con la finalidad de documentar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del estado de Veracruz.
Se afectó el derecho de la víctima a un trato digno, debido a su situación de vulnerabilidad por su condición de persona adulta mayor y se causó agravio a familiares directos al negarse el derecho de acceso a la información en materia de salud
El personal del ISSSTE incurrió en negligencia por omisión, al egresar a la víctima precipitadamente, sin un diagnóstico completo, además de retrasar la atención de una hemorragia, a sabiendas de que el paciente tenía graves riesgos de salud
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 121/2021 al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Mario Zenteno Santaella, por la inadecuada atención médica proporcionada a una persona en contexto de migración, de nacionalidad cubana, portadora de diversas enfermedades crónico-degenerativas, quien ingresó el 15 de noviembre de 2019 al Hospital General “B” de ese Instituto en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde falleció por inadecuada atención médica.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo llegar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la Recomendación 125/2021 por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, cometidas en agravio de una persona trabajadora del área administrativa en el hospital Regional de Mérida, en relación a la inejecución de un laudo declarado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y cuya sentencia, emitida el 28 de enero de 2010, obliga al ISSSTE a pagar diferencias salariales, producto de una reclasificación administrativa.
