Documentos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a la gobernadora constitucional de Guerrero, a los secretarios de gobierno y de seguridad pública del estado, así como al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado y al comisario general de la Guardia Nacional, en favor de habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán en Chilapa de Álvarez, Guerrero, e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), quienes han sido emboscados y agredidos, mediante el uso de armas de fuego, por el grupo armado “Los Ardillos”.
Luego de los lamentables hechos ocurridos la tarde de este jueves 9 de diciembre, en los que 55 personas migrantes perdieron la vida y 105 más resultaron heridas tras volcarse el tráiler en el que se transportaban en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, Chiapas, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha realizado diversas acciones para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y brindar apoyo a las víctimas y sus familiares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 94/2021 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por la inadecuada atención médica que recibió una persona adulta mayor en el Hospital General Regional número 6 (HGR-6) ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), celebran que las y los legisladores del Congreso estatal aprobaran, por 14 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del estado, para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. En estas reformas se estableció que el Estado debe proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo, que estos deben ser gratuitos, seguros, con atención digna confidencial y en condiciones de calidad, y respecto al personal de salud se dispone la manera en la que deben conducirse los profesionales de la salud, y el plazo que las instituciones de salud deben atender las peticiones de interrupción legal del embarazo.
