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Sobre el Recurso de Impugnación de R promovido en contra de la no aceptación de la Recomendación 18/2018 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, por parte de la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 75/2021 dirigida al gobernador constitucional del estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, y al auditor superior de la misma entidad, Francisco José Romero Serrano, por los señalamientos mediáticos realizados por ambos, los cuales constituyen violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la imagen pública y a la presunción de inocencia en agravio de un exfuncionario, dado que no existen sanciones administrativas ni de responsabilidad penal en contra de este.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio de colaboración, con el fin de instrumentar mecanismos para fortalecer el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) desde el enfoque de derechos humanos dentro de los contenidos educativos, estructura y metodología de éste, así como en la atención a personas educandas y formación de figuras educativas.
Para la Comisión Nacional de los Derechos es una valiosa oportunidad sostener este encuentro de trabajo, que puede ser histórico, porque nos permite exponer nuestra visión sobre la situación actual en materia de desaparición forzada de personas en México, y compartir con Ustedes el trabajo que este Organismo Autónomo, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos, está llevando a cabo para dar atención al tema.
En un Pronunciamiento Público, la CNDH reitera la necesidad de asumir con crítica y autocrítica los retos derivados de la desaparición forzada y llama a la unión de esfuerzos y refiere el encuentro que el pasado 17 de noviembre sostuvo la presidenta del Organismo Nacional con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se abordó, sobre todo, la magnitud del reto que nos plantea el grave problema de la desaparición forzada en México, y la necesidad de entablar un esfuerzo interinstitucional que permita rebasar lo meramente normativo -que con frecuencia se queda ahí, en lo declarativo-, para pasar a la potencialización de las acciones.
