Documentos
Semanario para promover, divulgar y difundir los días internacionales y nacionales de la semana en curso desde el ámbito internacional de los derechos humanos y su contextualización nacional. Con contenido de noticias, documentos, artículos y entrevistas temáticos de especialistas, y la sección de arte y cultura sobre DESCA. Revista especializada en el análisis, la reflexión, y divulgación de tendencias en la defensa de los derechos humanos
Mediante oficio número PRS/UALDH/2258/2021, de fecha 7 de mayo del 2021, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social ha comunicado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que acepta su petición en el sentido de que, con carácter de urgente, se implementen las medidas precautorias o cautelares necesarias en favor de Mario Aburto Martínez, en los siguientes términos:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, para salvaguardar la vida, seguridad, integridad física, a no ser víctima de actos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la no discriminación, y a la salud física, psíquica y emocional, así como a la calidad de vida en reclusión del señor Mario Aburto Martínez.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales y del Estado de Sonora implementar medidas cautelares para proteger a la familia del defensor del medio ambiente, José de Jesús Robledo Cruz y a los habitantes del ejido El Bajío, perteneciente al municipio de Caborca.
En el décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Instituciones”) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Oficinas”) hacen un llamado a los Estados de la región para redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, así como para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los de San Fernando no se repitan.
