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El 4 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja en favor de una mujer que recibió atención médica inadecuada en tres hospitales de la Ciudad de México (Centro de Medicina Familiar de Azcapotzalco (CMF Azcapotzalco), Clínica de Especialidades “Dr. Alberto Pisanty Ovadía” (CE Miguel Hidalgo) y Hospital General Tacuba (HG Tacuba), todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que derivó en que perdiera al producto de la gestación y sufriera extirpación de la matriz.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica, a la libertad y autonomía reproductiva y al acceso a la información en materia de salud de V1; así como, al proyecto de vida en agravio de V1, VI1, VI2 y VI3; por personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Centro de Medicina Familiar de Azcapotzalco; de la Clínica de Especialidades “Dr. Alberto Pisanty Ovadia” y del Hospital General Tacuba, todos en la Ciudad de México.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) dio trámite a una queja presentada el 13 de junio de 2020, en la cual se atribuye a personas servidores públicas de la FGEV la falta de debida diligencia en la integración de dos carpetas de investigación radicadas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Boca del Río, Veracruz. Luego de investigar y acreditar los hechos, la CEDH dirigió la Recomendación 052/2023 a la Fiscalía General de Veracruz, la cual no aceptó mediante oficio del 4 de septiembre de 2023, sustentando que las carpetas de investigación habían sido determinadas a finales de agosto de ese año. Ante estos hechos, las víctimas presentaron Recurso de Impugnación ante esta CNDH.
Sobre el recurso de impugnación de RV1 y RV2, por la no aceptación de la Recomendación 052/2023 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, vulnerando con ello el derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la debida diligencia y a la verdad en agravio de RV1 y RV2, atribuible a dicha Fiscalía.
