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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 13/2015 dirigida al Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, cometidas en agravio de un comunicador maya de esa entidad federativa.
Con el fin de atender la preocupante vulneración de los derechos fundamentales que se desprende de los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, viajó a Bogotá, Colombia, donde participará en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, instruyó a peritos médicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consultar los expedientes clínicos integrados con motivo de la atención que reciben las víctimas en el “Centro Médico Chiapas Nos Une, Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, a fin de conocer el estado de salud de las niñas y niños chiapanecos que tuvieron reacciones adversas, presuntamente asociadas con vacunas aplicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al participar en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, el Ombudsman nacional de México, Luis Raúl González Pérez, propuso a 23 defensores de derechos fundamentales integrar una agenda en la materia, con vistas a crear un “Programa Iberoamericano de protección de los derechos de los migrantes y víctimas de trata de personas transfronterizo”.
Ante el aumento desmedido de la trata y el tráfico ilegal de personas, las instituciones defensoras de derechos humanos de los países que conforman la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), incrementarán esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación de esos delitos sean puestos siempre en el centro a la persona, sin olvidar la protección y el derecho a la reparación integral de cada víctima.
