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Del 13 de febrero al 01 de marzo de 2023, el MNPT realizó visitas de supervisión a centros penitenciarios del sur del país con el objetivo de analizar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad. Se identificaron factores de riesgo sobre las condiciones de las instalaciones, la falta de higiene, sobrepoblación, hacinamiento, limitada atención médica, alimentación y agua para consumo, lo cual propicia entornos potencialmente torturantes.
Del 13 de febrero al 01 de marzo de 2023, el MNPT realizó visitas de supervisión a centros penitenciarios del norte del país con el objetivo de analizar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad. Se identificaron factores de riesgo sobre las condiciones de las instalaciones, la falta de higiene, sobrepoblación, hacinamiento, limitada atención médica, alimentación y agua para consumo, lo cual propicia entornos potencialmente torturantes.
Del 13 de febrero al 01 de marzo de 2023, el MNPT realizó visitas de supervisión a centros penitenciarios del centro del país con el objetivo de analizar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad. Se identificaron factores de riesgo sobre las condiciones de las instalaciones, la falta de higiene, sobrepoblación, hacinamiento, limitada atención médica, alimentación y agua para consumo, lo cual propicia entornos potencialmente torturantes.
Por haber incurrido de manera injustificada en dilación en la resolución de las situación jurídico-migratoria de siete personas detenidas en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Piedras Negras, Coahuila, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 108/2023 a dicho Instituto, ya que hubo una vulneración al derecho humano a la seguridad, legalidad y libertad personal de las personas migrantes.
El 18 de abril de 2023 esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 98VG/2023 sobre casos de violaciones graves a derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, durante el periodo de violencia política del Estado entre 1965 y 1990. En ella se acreditó a 814 víctimas y contiene un total de 92 puntos recomendatorios dirigidos a 14 autoridades federales, relacionados con los derechos a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición.
