Día Nacional del Minero

El Día Nacional del Minero se celebra cada 11 de julio. Esta fecha se eligió porque, precisamente, el 11 de julio de 1934 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM)[1], en Pachuca, Hidalgo, ciudad donde quedó integrada la Sección 1. La segunda sección se integró en Real del Monte. El colectivo que las forjó fue el de los mineros de la Compañía Minera Real de Monte y Pachuca (CMRMyP) . Así, la principal conmemoración se lleva a cabo cada año en Real del Monte, en el Monumento al Minero Anónimo, símbolo de la ciudad.

Esta fecha tiene como objetivo reconocer a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas de mayor tradición en México[2]. Pero también una actividad donde las condiciones laborales que históricamente han sufrido los obreros ponen en gran riesgo sus vidas, no en balde han sido cabeza de movimientos sociales para reivindicar sus derechos laborales, así como por condiciones de vida digna.

A nivel mundial, México es el primer destino de inversión en exploración minera de América Latina, donde ocupa el primer lugar en producción de plata y está entre los diez principales productores de cobre y oro. También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto de plomo. Según datos de la Secretaría de Economía, a inicios de la segunda década del siglo XXI, su producción minera tiene los siguientes porcentajes: 21% oro, 20% plata, 14% cobre, 8% zinc y el resto en otros minerales[3]. Representando esto, un campo de interés para las inversiones extranjeras.

Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con un amplio marco normativo para regir las actividades de exploración, extracción, beneficio y cierre de sus minas. Entre estas leyes y reglamentos podemos encontrar :[4]

• Ley Minera
• Reglamento de la Ley Minera
• Manual de Servicios al Público en Materia Minera
• Ley de Inversión Extranjera
• Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Asimismo, es importante recordar que México cuenta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) misma que fortalece la protección de los derechos laborales en beneficio de 38 mil trabajadores mineros, con la instrumentación de una constante vigilancia en el cumplimiento de la normatividad y la realización en el año 2020 de 231 inspecciones federales en materia de Seguridad y Salud a minas. Por otro lado, debido a la pandemia por el COVID-19, distintas labores en todo el mundo tuvieron que detenerse, situación que también afecto en la minería, sin embargo se destaca que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, dicha industria acató de manera mayoritaria las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, respecto a la suspensión de actividades y reanudó paulatinamente operaciones a partir del 1 de junio de 2020, cuando en el marco de la Nueva Normalidad, la actividad minera fue declarada como esencial .[5]

Sin embargo, mucha de esta riqueza natural no genera beneficios para toda la población, a lo largo del país existen minas explotadas por particulares, pequeños propietarios, así como corporaciones extranjeras, que además tampoco todas cumplen con las mejores condiciones de seguridad y derechos laborales para los mineros. Durante los últimos tres sexenios el gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera entre diciembre de 2000 y junio de 2015. En el sexenio del ex presidente Vicente Fox se dieron 5 mil 76 permisos, mientras en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta 9 mil 956. Para junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

La extensión de subsuelo que se concedió a ciudadanos también aumento. La administración de Fox cedió 548 mil 339 hectáreas (0.3 por ciento del total de la superficie continental del país); Calderón otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas (3.2 por ciento de la superficie de México) y Peña Nieto autorizó 2 millones 637 mil 969 (1.3 por ciento del territorio nacional). Concesiones por 50 años, que se han prestado para el uso de prestanombres y especulación. [6]

Por otro lado en muchas minas se siguen suscitando accidentes para los trabajadores, por las pocas condiciones de seguridad, entre otras causas, como el 19 de febrero de 2006 en la mina del Grupo México en Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 trabajadores murieron en un accidente, 10 sufrieron graves quemaduras, sin que hasta la fecha los cuerpos de los mineros hayan sido rescatados, no se han indemnizado dignamente a las familias, ni se ha hecho una investigación objetiva sobre causas y responsables, ni se ha castigado a ningún directivo o accionista. Desde entonces, se han presentado más de 100 muertes de mineros en la zona.[7] El derrame en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014, también por parte de Grupo México, donde se derramaron 40 millones de metros cúbicos de agua con altos contenidos de ácido sulfúrico y demás sustancias altamente cancerígenas como el cianuro, el cadmio, el molibdeno, el cromo y otros ácidos. Los daños a más de 22 mil personas, así como a la flora y fauna del lugar han sido considerados el peor desastre de este tipo en la historia de la minería de México. El 9 de julio de 2019 en el mar de Cortés, una de las regiones ecológicas de mayor biodiversidad de México y del planeta, en la Bahía de Guaymas, Sonora, a las 3 de la tarde, la minera más grande del país, de nuevo Grupo México, derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico, y la más reciente que pudo ser prevenida: el colapso de la mina Micarán del ejido Rancherías, en Múzquiz, zona carbonífera de Coahuila el 4 de junio 2021 donde quedaron atrapados siete mineros [8]; Estos son ejemplos de muchas otras tragedias similares que por negligencias, impunidad y violación de la legislación, donde los grupos mineros más grandes como Grupo México y Peñoles, que más utilidades generan, con mayor incremento en el valor de sus acciones aun en la pandemia (50 por ciento en 2020), son los que más evaden impuestos, violan las leyes ecológicas y los derechos fundamentales de los trabajadores y de las comunidades donde operan.[9]

Por otro lado, la nueva riqueza y expectativas que ha generado el litio en el mundo, y del cual se han encontrado grandes reservas en México, y ya existen concesiones vigentes para explotarlo por 94 mil 740 hectáreas, y otras tantas que están en trámite, debido al alto interés de inversionistas extranjeros y nacionales, que aun, no han sido aprobadas por el gobierno, y que representan 527 mil hectáreas del territorio nacional.

Las concesiones que actualmente están vigentes, en las cuales incluso ya hay proyectos de extracción de litio en marcha, fueron concedidas en su mayoría por las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En cuanto a las que actualmente están en trámite, éstas fueron solicitadas durante la administración pasada; sin embargo, en estos momentos están detenidas, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que durante su mandato no se concederá una sola concesión minera, debido a que en gobiernos anteriores los permisos ascendieron a 60 millones de hectáreas del territorio nacional. [10]

De este modo el campo de la minería no solo representa una actividad económica importante para el país sino un campo de disputa económico y de cuidado que debe garantizar los derechos a un medio ambiente sano, a condiciones laborales justas y seguras y a la garantía de contribuir a una vida digna para los mineros, comunidades y la nación.