Masacre en Sucumbíos, Ecuador, bombardeo de la Angostura Crimen de Estado y de lesa humanidad, 5 jóvenes mexicanos entre las victimas

Este 1 de marzo de 2021 se cumplen trece años de aquella terrible masacre de Sucumbíos en la zona de la Angostura, Ecuador, en la que fueron asesinadas 25 personas y sufrieron heridas graves tres sobrevivientes. De los muertos, cuatro eran estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo; y entre los heridos, sobrevivió Lucía Andrea Morett Álvarez, también estudiante mexicana. Aquel día aviones militares del ejército y la policía de Colombia ejecutaron la “Operación Fénix”, también conocido como bombardeo de la Angostura mediante la cual durante la madrugada bombardearon y después ocuparon el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalado en Ecuador a unos 1.800 metros de la frontera con Colombia. [1] Violentando diferentes derechos humanos de las personas ahí reunidas, vulnerando la integridad territorial y la soberanía del Estado ecuatoriano, además de la inobservancia de los diferentes derechos que constan en la convención americana de derechos humanos.

El hecho se dio en un periodo durante el cual los gobiernos de la región se esforzados en encontrar solución y medidas de negociación para la pacificación de la zona, en un momento en el que gobierno de Álvaro Uribe Vélez presidente de Colombia, autorizaba en su territorio varias bases militares estadounidenses. Por otro lado los hechos coincidieron con la convocatoria de la Coordinadora Continental Bolivariana al encuentro, denominado “Actualidad de Bolívar y los próceres de la Independencia y el Segundo Congreso Bolivariano, en la Casa de la Cultura de Quito, del 22 al 27 de febrero de 2008, cuyo objetivo era proponer mecanismos novedosos de paz, integración latinoamericana, el debate y acción sobre los desafíos de la problemática socioeconómica, la democracia, soberanía e independencia, con un renovado espíritu bolivariano que pretendía enfrentar la Iniciativa de las Américas promovida por George Bush. Durante los cinco días que duró la concentración aglutinó a movimientos sociales que imperaban en ese momento y que se dieron cita en ese país, entre los cuales estaban los estudiantes mexicanos que fueron asesinados en Sucumbíos[2].

Al finalizar el evento no era un secreto para ninguno de los casi dos mil asistentes, que se podía ir hacia una zona desconocida de la Amazonía ecuatoriana para contactar con las FARC, tampoco era un secreto para los servicios de inteligencia colombianos y ecuatorianos que acostumbran vigilar esos eventos. El día 28 al término del congreso, habría un viaje hacia Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, frontera con Colombia, los delegados tomaron el autobús y en seis horas estarían en el lugar. Para la mañana del 29 ya en esa ciudad hicieron contacto con un emisario de las FARC[3].

El campamento las FARC establecido en una zona selvática denominada Angostura cercano a la población Santa Rosa de Yanamaru, en Sucumbíos, era un espacio de negociación, de acuerdos humanitarios y paz, tolerado por los gobiernos, campamento de mucha movilidad de reporteros, personal diplomático, activistas entre otros. Hasta ahí llego el grupo de delegados, entre los que se encontraban los estudiantes mexicanos, un australiano, un ecuatoriano y dos italianos, permanecieron apenas unas horas, sin saber que allí entre los 40 guerrilleros, estaba el segundo mando de la organización guerrillera Raúl Reyes, considerado principal negociador y canciller de las FARC, quien llegó a esa zona al caer la noche, para descansar y continuar con sus tareas durante el fin de semana del 1 y 2 de marzo. Reyes estaba en medio de pláticas de negociación con el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, para lograr un acuerdo humanitario entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y con el Presidente Nicolás Sarkozy de Francia quien realizaba gestiones para lograr la liberación de Íngrid Betancourt y otros rehenes. Entre otras negociaciones más. Los visitantes extranjeros, buscaban entrevistar y de ser posible sostener un encuentro con el comandante Reyes, y los mexicanos siendo estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y solidarios con el pueblo colombiano, buscaban recabar información sobre el conflicto colombiano y con esto obtener invaluable información para la realización de sus tesis de licenciatura y posgrado[4].

El ataque comenzó a las 00:25. La operación militar colombiana Fénix, contó con la participación de la Policía, el Ejército y de la Fuerza Aérea la Armada Nacional Colombiana y como lo reveló el Washington Post[5] con el apoyo de la CIA y los Estados Unidos y con tecnología de precisión de origen israelí, bombas inteligentes guiadas por un sistema de geolocalización GPS dirigidas a liquidar a Raúl de quien sabían que ahí se encontraría, como también sabían y así lo reconoció posteriormente el gobierno de Uribe, que habían ciudadanos no combatientes, y que la intención no fue detener a nadie, sino neutralizar, con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar. Como aseguraron en entrevista exfuncionarios colombianos y estadounidenses al Washington Post la Operación Fénix fue una de las mayores acciones de inteligencia encubierta desarrollada por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El ataque produjo una crisis diplomática regional por la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana, y llevo al aplazamiento de la paz y de la construcción de acuerdos latinoamericanos.

Entre todos los asesinados cuatro jóvenes mexicanos fueron víctimas: Verónica, Soren, Fernando y Juan; Lucia quedo gravemente herida, perseguida y acusada de terrorista. Esta situación fue indignante porque además de haber sufrido la muerte de sus ciudadanos, lo mas lamentable fue que ante este crimen, el papel del gobierno mexicano fue deplorable, ya que no defendió los intereses de sus connacionales muertos y heridos en el exterior, no exigió justicia ni condenó esta agresión armada contra un país soberano.

Además, el gobierno mexicano de Felipe Calderón Hinojosa permitió que los servicios de inteligencia colombianos se desplazaran por territorio nacional a su arbitrio, llegando incluso a soslayar las amenazas del embajador colombiano en México contra los padres de los jóvenes inocentes asesinados[6].

Por otro lado, la grave violación del derecho internacional, en el ataque alevoso, con nocturnidad e indefensión de las víctimas, lo tipifica como un delito de crimen de guerra y de lesa humanidad, así como la violación de la frontera y bombardeo en territorio de un país limítrofe, sin la debida coordinación e información al país agredido. Es por ello que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, al violar la Carta de las Naciones Unidas, y los tratados internacionales sobre hechos de guerra, deben rendir cuenta por este horroroso y vandálico episodio, que aún mantiene heridas abiertas[7].

Posteriormente los padres de las víctimas, externaron que, la estrategia que lanzó el gobierno colombiano y que fue arropada por los grupos de ultraderecha en varios países de América Latina, principalmente México y Ecuador, tenía como objetivo criminalizar a los jóvenes, la solidaridad, las ideas, el libre pensamiento, escarmentar para que nadie pudiera brindar un apoyo a quienes lo requirieran, castigar a los jovenes por su pensar[8].

Debido a que la masacre de Sucumbíos continúa en la total impunidad y las víctimas no han logrado la justicia que merecen y las sobrevivientes continúan bajo acoso y persecución, el 17 de enero de 2020 la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, (APFVSE) solicitaron a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, apoyo para que haya justicia y acceso a la verdad, así como reparación integral del daño y garantías de no repetición. La Presidenta refrendó el compromiso de la CNDH para atender el caso y garantizar sus derechos a la justicia y a la verdad, así como, en su caso, a la reparación integral del daño y a recibir garantías de no repetición. Además, recibió un escrito en el que familiares de las víctimas señalaron que a 12 años de la masacre en Sucumbíos y durante todo ese tiempo han realizado diversas acciones jurídicas, sociales, y políticas, y han sostenido reuniones con instancias de gobierno, organismos independientes de derechos humanos dentro y fuera de México, sin obtener respuestas de las autoridades mexicanas. De igual forma manifestaron que, parte de sus peticiones es el reconocimiento público de México para que los jóvenes asesinados sean tratados en calidad de víctimas; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del Gobierno mexicano ante las “omisiones y retrasos en las investigaciones” [9].

Durante todos estos años de lucha de los padres y familiares de las victimas buscando la verdad, memoria y la justicia han sido acompañados por organizaciones defensoras y solidarias, destacando el apoyo de La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREHD) de Ecuador, quienes ante la falta de respuesta de los Estados colombiano, ecuatoriano y mexicano a los requerimientos de los padres, recurrieron a una primera instancia internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición fue presentada el 25 de marzo de 2014 por los familiares de los estudiantes asesinados Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, con el apoyo de INREHD en Ecuador y por LIMEDDH en México por la vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal y la tutela judicial efectiva, la cual en febrero de 2021, ya fue aceptada por la CIDH.

INREDH, informo que la CIDH decidió acumular las fases de admisibilidad y fondo en relación al Estado ecuatoriano y mexicano, debido a la falta de respuesta por parte de estos Estados. Por lo que la CIDH decidió activar medidas para reducir el atraso procesal. El Estado colombiano ha respondido a la fase de admisibilidad, mientras que el Estado Mexicano no ha presentado la información requerida por la Comisión para la fase de admisibilidad. La Comisión publicó reiteraciones llamando a cumplir con la información requerida ante los Estados ecuatoriano y mexicano. [10].

De acuerdo a INREDH con la difusión de estos casos y el seguimiento a esta petición, por un lado, se hace visible la vulneración e inobservancia de los diferentes derechos humanos que constan en la Convención Americana de Derechos Humanos, por parte de los tres Estados no hubo pronunciamiento lo que muestra otra vulneración, y violencia especifica. Y por otro lado se busca: llegar a una reparación integral, que dignifique el nombre y memoria de los que perecieron en Sucumbíos, y la sanción y judicialización de los culpables. [11].

[1] https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/opinion/016a2pol
[2] https://kaosenlared.net/quito-ecuador-ii-congreso-de-la-coordinadora-continental-bolivariana/
[3] https://www.proceso.com.mx/internacional/2008/3/18/ecuador-la-ruta-de-los-mexicanos-23648.html
[4] https://www.jornada.com.mx/2013/03/02/politica/017n1pol
[5] https://www.proceso.com.mx/internacional/2013/12/22/ayudo-cia-colombia-asesinar-lideres-de-las-farc-the-washington-post-127235.html
[6] https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/opinion/016a2pol
[7] https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=28402:colombia-a-diez-anos-de-la-masacre-de-sucumbios-ecuador&catid=86
[8] https://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2015/02/a-7-anos-esta-es-la-historia-de-la_22.html
[9] https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-01/COMUNICADO-011-2020.pdf
[10] https://inredh.org/se-cumplieron-13-anos-del-bombardeo-de-angostura-familiares-lo-recordaron-con-un-planton/
[11] https://youtu.be/jTwoVjbxt28