Proclamación del Plan de Ayala

Hacia el final de la Revolución mexicana, después del derrocamiento de Porfirio Díaz, sobrevino el periodo conocido como La decena trágica, en donde fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez.

Entre los grupos tan heterogéneos que participaron en la Revolución mexicana para poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz, estaban, a grandes rasgos, las clases altas, entre los que se encontraban hacendados y otros miembros de las élites económicas, principalmente de la zona norte del país; las clases medias ilustradas del centro y un gran número de campesinos de las zonas rurales, que habían sido las clases más olvidadas por el régimen.

Varios grupos se habían adherido al movimiento encabezado por Francisco I. Madero, candidato proveniente de una familia de hacendados coahuilenses. Sin embargo, a excepción de derrocar al régimen de Porfirio Díaz, sus demandas muy poco tenían en común, y pronto surgieron descontentos y reclamos de todos los sectores.

Entre los grupos que manifestaron su descontento fue el encabezado por Emiliano Zapata, formado por agricultores y hacendados provenientes de los estados agrícolas, principalmente del estado de Morelos, quienes vieron defraudadas sus expectativas tras el ascenso de Francisco I. Madero al poder, motivo por el cual se negaron a deponer las armas hasta no ver satisfechas sus demandas, mismas que plasmaron en el documento llamado Plan de Ayala.

El Plan de Ayala, de enfoque social y político, se presenta como un “plan libertador de los hijos del Estado de Morelos” que reclama el incumplimiento del Plan de San Luis y llama a “continuar la Revolución principiada por él”, hasta derrocar efectivamente el régimen dictatorial que aún existe. En dicho plan se acusa a Francisco I. Madero de traicionar al pueblo, luego de que éste derramara su sangre, con lo que quien se erigió presidente “ultrajó la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo”.

Se le acusa de emprender una revolución precipitada, de satisfacer sus ambiciones personales y de no acatar las leyes emanadas “del inmortal Código de 57”, surgido luego de la Revolución de Ayutla, de ser “incapaz para gobernar y de “no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos”.

La misma junta reclamaba en ese plan haber dejado permanecer “a la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, y de perseguir, encarcelar o matar a los elementos revolucionarios que le ayudaron a acceder a la presidencia de la República, incumpliendo sus promesas. También de hacer acuerdos con los científicos y de imponer a Pino Suárez en la Vicepresidencia o a gobernadores de los estados, “como el general Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos”.

Así, a través del Plan de Ayala, la Junta hace un llamado a continuar con la lucha revolucionaria, desconociendo en primer lugar a Madero como presidente de la República y como jefe de la Revolución. Este último cargo se ofrece al general Pascual Orozco o, si éste no aceptara, al general Emiliano Zapata.

Dicha Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, declara que no hará ningún tipo de acuerdos políticos “hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero”.

A partir del punto número seis, en donde se concentran las partes esenciales del tema agrario, declaran que “los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal”, se restituirán a sus antiguos dueños que posean títulos de propiedad, previa indemnización parcial. Estos conflictos serán dirimidos por “tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución”. Lo mismo ocurrirá con los “ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor”, con el propósito de beneficiar al pueblo que vive en la miseria y sin poder dedicarse a la agricultura, porque la tierra está concentrada en unos cuantos poderosos propietarios.

Asimismo, se nacionalizarán los bienes de “hacendados, científicos o caciques” que se opongan al Plan, y una parte se destinará para “indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha por presente Plan”. Del mismo modo, se hace un llamado a aplicar las leyes de desamortización, “pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez, a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores, que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y del retroceso”.

Para la nueva organización del Estado, se propone una Junta de los principales jefes revolucionarios de los distintos estados, quienes designarán a un presidente interino de la República y éste, a su vez, convocará a elecciones para la nueva formación del Congreso de la Unión.

También se hace un llamado a Madero “y a otros elementos dictatoriales” para que renuncien, aliviando con eso “las grandes heridas que han abierto al seno de la Patria”, de lo contrario, “sobre sus cabezas caerá la sangre derramada de nuestros hermanos”. Por último, llama a que, así como se levantaron en armas para elevarlo al poder, “ahora las volveremos contra él por haber faltado a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la Revolución”.

También se hace un llamado a Madero “y a otros elementos dictatoriales” para que renuncien, aliviando con eso “las grandes heridas que han abierto al seno de la Patria”, de lo contrario, “sobre sus cabezas caerá la sangre derramada de nuestros hermanos”. Por último, llama a que, así como se levantaron en armas para elevarlo al poder, “ahora las volveremos contra él por haber faltado a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la Revolución”.