En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Partera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama a las autoridades del Estado mexicano a reconocer y respetar plenamente la práctica de la partería tradicional, ya que es una labor que hace efectivo el derecho a la salud y a la protección de los derechos culturales de pueblos y comunidades originarias.
Testimonios de víctimas y documentos tanto públicos como privados, una amplia investigación que incluyó la revisión de archivos oficiales y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), permitieron fundamentar y acreditar las violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, en agravio de 814 víctimas, durante el periodo de Violencia Política del Estado comprendido de 1965 a 1990.
En ocasión del Día Internacional de las Familias (15 de mayo), CNDH pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalecer las capacidades económicas, emocionales, laborales y sociales de las familias que habitan o están en tránsito en nuestro país, y a protegerlas frente a los fenómenos de violencia, inseguridad, desaparición de personas, pobreza, las crisis humanitarias como el desplazamiento forzado, los conflictos armados y las emergencias sanitarias como la del COVID-19.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado mexicano atención inmediata a la violencia de género y el feminicidio, ante el asesinato diario de diez mujeres en promedio, muchos de ellos en completa impunidad, y la acumulación de delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en su contra.
El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos son elementos esenciales de un sistema democrático. A través de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, México reconoce que el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los Estados Miembros, representan el fundamento de los principios democráticos. Asume también, que son elementos esenciales de la democracia participativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho.
