La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la resolución de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declararon inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella. Dicha resolución implica un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, en particular sus derechos reproductivos, a decidir y a la igualdad sustantiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se congratula por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar diversos artículos del Código Penal para el estado de Tabasco, reformado y adicionado mediante Decreto 115, publicado el 31 de julio de 2019, que establecían sanciones relacionadas con el ejercicio del derecho de libertad de expresión y a la protesta social.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 11 de mayo de 2020, ha estado atenta a las modificaciones legislativas que se han llevado a cabo en Querétaro, particularmente, de las reformas al Código Penal de esta entidad federativa, cuyo objeto primordial es hacer frente a las problemáticas generadas por la pandemia que azota a nuestro país.
El 29 de junio de 2020, el Diputado Gerardo López Montes, integrante de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, presentó una iniciativa que reforma el artículo 289-Bis y que deroga la fracción X del artículo 293 y los artículos 307-Bis y 307-Ter del Código Penal para el Estado de Baja California, con lo que se busca eliminar la figura de tortura de dicho instrumento jurídico.
Por considera que las reformas al código penal de Querétaro vulneran derechos humanos y llaman a no hacer frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19 con sanciones penales, la CNDH se encuentra realizando una demanda de acción de inconstitucionalidad en su contra, para combatir este tipo de políticas que criminalizan a la sociedad en el periodo de la pandemia.
