Tras los lamentables hechos de violencia ocurridos el 21 de febrero en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal intervinientes en los posibles traslados de personas privadas de la libertad, a efecto de que, toda medida que ello conlleve se realice en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, medida que por sí misma tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal ─tanto física como mental─, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior.
Sobre la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de V en el Centro Federal de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un acuerdo de atracción y apertura de oficio, luego de que servidores públicos del Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, Morelos, impidieron el pasado 18 de agosto, el acceso a funcionarios de este Organismo Nacional para realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).
La CNDH, en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), da seguimiento a las acciones de prevención atención y mitigación de riesgo que son implementadas por las autoridades penitenciarias del país; inició diligencias in situ en distintas entidades federativas del país, el 30 de abril y el 1 de mayo en el Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya, Morelos y el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México.
La CNDH se congratula por la emisión del Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía y manifiesta su total adhesión a este decreto por tratarse de un asunto de trascendencia nacional y un acto humanitario y de justicia. Considera acertada la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto de la Ley de Amnistía, como parte de una estrategia de política criminal centrada en la justicia y en la atención de las causas del delito, ya que pone énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas.
Para erradicar las deficientes condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos de la República Mexicana, así como por la atención inadecuada que ahí reciben, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las Recomendaciones 60/2019, 61/2019 y 62/2019, dirigidas respectivamente a los gobernadores de los estados de Tamaulipas, Durango y Baja California Sur.
