Asunto:

El presente Diagnóstico es más que el análisis del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, es una aportación al análisis de la realidad que viven las y los trabajadores de la comunicación social, y las defensoras y defensores de derechos humanos, en un México en transformación. Una transformación que desde luego pasa, también, por la revisión de las relaciones entre el poder, los medios y los activistas. Así como de los mecanismos que tiene el Estado la obligación de proveer, para el cabal despliegue de estas importantes tareas.

Asunto:

Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia

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Asunto:

El presente documento pretende revisar el avance que cada una de las entidades federativas de la República Mexicana ha tenido en cuanto al cumplimiento de los transitorios Tercero y Sexto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que corresponden al progreso en la armonización de su marco normativo en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y la creación de fiscalías especializadas, pues a éstas, principalmente, les corresponde la aplicación de la ley.

Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos, además, lleva a cabo otras actividades como las de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Para lograr lo anterior, la ley le otorga, entre otras, funciones como: a) Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; b) Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país; c) Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, etc.

Asunto:

El Diagnóstico sobre víctimas de trata de personas y las capacidades institucionales para su atención ofrece un panorama nacional, tanto de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, como de las capacidades institucionales que se tienen para su atención y protección, desde las respuestas otorgadas por las autoridades para esta materia y a partir de las experiencias que las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han tenido en la atención directa y en la canalización.