México es un amplio abanico cultural, en él se desarrolla la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos, cada uno de ellos con formas inigualables de comprender y relacionarse con el mundo, con expresiones inmersas de vastos conocimientos, mismas que a través de las décadas han reproducido y transmitido a un sinnúmero de generaciones logrando mantener su identidad y existencia.
Si bien, en la actualidad, un significante porcentaje de población se considera indígena y afromexicana, históricamente han sido grupos invisibilizados, situación que ha generado una asimetría en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, además de que los ha mantenido al margen de las políticas públicas, de la actividad estatal y de la toma de decisiones que han construido y consolidado al Estado Mexicano.
Pese a su existencia histórica, el reconocimiento de los pueblos indígenas ha tenido dos grandes momentos: el primero de ellos en 1992, al establecerse en el artículo 4º de la constitución federal que, la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, por lo que la ley protegería sus lenguas, culturas, usos, costumbres, organización, entre otros elementos.
El segundo, deviene de diversos acontecimientos y movimientos sociales que propiciaron que, en el año 2001, se realizara la reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas. En la reforma, se establecieron en el artículo 2º constitucional una serie de derechos para los pueblos indígenas y diversas obligaciones a la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios para promover su igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria.
Respecto del reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, se otorga hasta el año 2019 al establecerse en la norma suprema que son parte de la composición pluricultural de la Nación por lo que tendrán los derechos señalados en el citado artículo 2º.
Estas reformas además de reconocer los pueblos indígenas y afromexicanos implican para ellos: a) que el Estado Mexicano otorgue cumplimiento a las obligaciones contraídas a nivel internacional, b) que se reconozcan plenamente sus derechos humanos, c) la obligación de las autoridades estatales de proteger sus derechos humanos, d) la necesidad del Estado de replantear la forma y mecanismos en la que garantiza sus derechos humanos, entre otros aspectos.
Tratándose de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra comprometida más que nunca. Desde su origen, la Comisión ha protegido y garantizado los derechos de los grupos más vulnerables, así, hoy a más de treinta años, continúa con dicha labor mediante una transformación y reorganización en sus estructuras, ello para construir una institución más cercana y accesible que defienda a todas aquellas personas indígenas y afromexicanas que han sufrido afectaciones a sus derechos humanos, una institución que defienda al pueblo.
Así, al interior de toda la Comisión Nacional se implementan acciones transversales para proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos entre ellos: el derecho a la consulta previa, el derecho a su autonomía, el derecho de aplicar sus propios sistemas normativos, el derecho a la libre determinación, el cual es la piedra angular para que puedan determinar - de acuerdo con sus propias aspiraciones - su desarrollo social, económico y cultural, entre otros.
Garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos implica grandes desafíos, uno de éstos es el establecimiento de un diálogo intercultural permanente del Estado con ellos; especialmente en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de acciones que sean de carácter administrativo o legislativo en su favor; de tal suerte que, resulta apremiante el trabajo conjunto y la suma de esfuerzos de todas las autoridades.