El 14 de agosto de 1937 se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, a través de la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de ese mismo mes y año. En dicha ley se señala el objetivo de la dependencia: organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales[1].
La intención sobre la creación de esta dependencia fue debido a que, para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas concesionadas: The Mexican Light and Power Company (MEXLIGHT), canadiense, en el centro; The American and Foreign Power Company, en el norte, con tres sistemas interconectados, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente[2]. . Estas tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones. Otra gran problemática que se enfrentaba eran las constantes interrupciones de luz y las elevadas tarifas. Esta situación, que constituía un obstáculo para el desarrollo de México, fue lo que impulsó al gobierno federal a crear la Comisión Federal de Electricidad.[3]
Años más tarde, el 27 de septiembre de 1960, se nacionalizó la industria eléctrica en México a fin de aumentar el nivel de electrificación, que en ese año era de 44 por ciento, con miras a recuperar la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía y a lograr en un futuro la independencia energética de México.
Casi cinco décadas después, el 11 de octubre de 2009, Felipe Calderón dispuso por decreto presidencial la extinción del Organismo Público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que desde 1903 proveía de energía eléctrica al centro del país que incluía las zonas con más poder adquisitivo. Con este decreto dio inicio su proceso de liquidación administrativa, en tanto que la operación eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Secretaría de Energía anunció que la CFE se haría cargo de todo lo referente a la energía eléctrica, pues su competencia, LyFC, administrada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), conocido por su combatividad y luchas laborales, estaba siendo llevada a la ruina debido a “desproporcionadas prestaciones laborales” que fueron causa de su extinción. Con esa decisión, más de 44 mil trabajadores quedaron sin empleo y 22 mil jubilados se vieron en el desamparo. Esta medida por parte del Estado fue ejemplo de violación a los derechos laborales y humanos de dichos trabajadores, además de, por supuesto, a los usuarios. Por si fuera poco, simultáneamente se abrió la puerta a la inversión de empresas extranjeras en la infraestructura eléctrica y en la prestación de servicios.
En 2014, con la Reforma Energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se promete transformar la CFE en una empresa productiva del Estado, adaptada a las nuevas circunstancias del mercado energético y a las mejores prácticas internacionales, para que, con mayor eficiencia, transparencia y bajo un modelo de gobierno corporativo, logre optimizar e incrementar su producción y las ganancias derivadas de sus actividades en la industria eléctrica[4]. El resultado no fue así, y la industria eléctrica también pasó a manos inversionistas extranjeros y las tarifas de consumo para la población se incrementaron notablemente, dado que se sacrificaba la producción de la CFE para comprar una mayor producción a la generada por las empresas privadas, pagada a precios muy altos, lo cual también incrementaba los precios para el usuario, con el consecuente deterioro del nivel de vida de la población. Esta situación, aunada al despojo de su empleo y empresa de los trabajadores de la extinta LyFC, incremento el enojo entre grandes sectores de la población y de los usuarios de la energía, que habían venido acompañado la protesta de los trabajadores, con huelgas de pago de la energía eléctrica y genero mayor organización de colectivos que al verse afectados por la privatización de CFE exigen la nacionalización de la industria eléctrica y tarifas justas para todos.
Por otro lado, la CFE conservó el control de la infraestructura de Luz y Fuerza, lo que no solo le permitió llevar electricidad a la zona más densamente poblada y con el nivel de ingreso más alto del país, sino que, gracias a su red de cobre de más de mil 100 kilómetros, fue también capaz de proveer servicios de datos y telefonía a un bajo costo, logrando constituirse como concesionaria para brindar servicios de Triple Play (televisión por cable, telefonía e internet) gratuitos a miles de millones de mexicanos. Esta fue una de las razones primordiales que el SME señala como causa principal del despojo presidencial de su trabajo. En los años siguientes, trabajadores de la CFE remplazaron clandestinamente el cableado de cobre de Luz y Fuerza del Centro por aluminio. Nunca hubo claridad sobre el destino de los miles de kilómetros de cable de cobre que sin necesidad alguna fue sustituido, excepto, aparentemente, la de eliminar la capacidad de que esta red proveyera servicios de datos, telefonía y cable a precios accesibles.[5]
Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Energía (Sener) está buscando implementar una política de confiabilidad del sistema eléctrico con el objetivo de defender el interés nacional por encima del particular, poniendo orden y acabando con la corrupción que se generó en CFE: influyentísimo, sobreprecios, entre otras, como aseguro el mandatario en una de sus conferencias informativas, conocidas como mañaneras, [6]citando a Lázaro Cárdenas y la carta de nacionalización de Adolfo López Mateos[7].
La política promovida por la Sener está enfocada en recuperar el control de la energía y la rectoría económica del Estado, considerando la aplicación de las técnicas de producción energética más amables con el medio ambiente, accesibles al país y que garanticen el derecho a la energía eléctrica a la población y a un medio ambiente saludable, temáticas que todavía se encuentran en álgidas discusiones en el mundo, en función a su accesibilidad, intereses económicos y concientización de la ciudadanía.
Palabras del presidente Adolfo López Mateos en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica
Pueblo de México:
Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.
Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. “Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica”. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos.
Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética; sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos.
“Solo un traidor entrega su país a los extranjeros; los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extrajeras que nos vaciaron el país. Pero que, en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero.
En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria.
27 de Septiembre1960.
[1] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/pdf/L194.pdf
[2] https://energia.org.mx/breve-relato-sobre-la-compañia-luz-y-fuerza-del-centro/
[3] https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx
[4]https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
[5] https://piedepagina.mx/11-anos-de-la-extincion-de-luz-y-fuerza-del-centro/
[6] https://elcomentario.ucol.mx/no-es-estatizar-es-poner-orden-como-lopez-mateos-amlo/
[7] https://www.elfinanciero.com.mx/graficos/pdf/cpm-alm-carta.pdf
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