Decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública

El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). [1]

El antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, cuando José Vasconcelos presentó ante la misma Cámara una iniciativa para establecer “una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras, llegaran no sólo a una porción privilegiada del territorio, no sólo al Distrito Federal [ahora Ciudad de México], sino también a toda la República, necesitada, de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas”. Su propósito fundamental era “salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres”. [2]

Un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle de República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. [3]Fue considerado el “palacio dedicado a la tarea más importante: la Educación de los mexicanos”. En octubre 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo de ministro de Educación Pública, y a su cargo estuvo alentar y fortalecer este gran proyecto. Entre sus acciones destacaron, entre otras, el impulso a la escuela rural, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la edición de libros de texto gratuitos, y la repartición de desayunos escolares entre la población infantil. [4]

Desde entonces hasta la actualidad la SEP mantiene un propósito fundamental: crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. [5]

Debido a esto, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, se ven reflejados los derechos que reconoce nuestra Constitución, cuyo cumplimiento debemos vigilar y exigir. Entre ellos destacan el derecho a la no discriminación (artículo 1o.); el derecho a la educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y con perspectiva de género, así como el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica (artículo 3o.); el derecho al acceso a la cultura y el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte (artículo 4o.); el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación (artículo 6o.); así como el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión (artículo 24).[6]