Derechos cívicos de las mujeres: Se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas

Hace 74 años, el 12 de febrero de 1947, por iniciativa del entonces presidente Miguel Alemán Valdés, se reformó el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, esto con el firme objetivo de establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser votadas, en igualdad de condición que los varones.

Para poder llegar a aquel 12 de febrero de 1947, primero tuvieron que pasar diversos acontecimientos, entre ellos encontramos el de 1924 , cuando el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales. Años mas tarde, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional, que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, pero lastimosamente la declaratoria para su vigencia nunca concluyó ya que se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por la religión .[1]

Fue hasta el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán para reformar el artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se hiciera patente el derecho de la mujer como ciudadana, y como consecuencia de dicho acto el 12 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido que:

“En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”[2].

Con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área prioritaria la para toma de decisiones.

La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia; su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos, y en el proceso general del desarrollo a favor de la igualdad y la equidad de género: la reforma político-electoral en materia de Paridad entre Géneros (31 de enero de 2014). En ella se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.[3]

Por otro lado encontramos que, en el documento “La democracia paritaria: un acelerador de la igualdad sustantiva y del desarrollo sostenible en México” (ONU Mujeres México, 2016), se reconoce a la paridad como la traducción política del principio de igualdad sustantiva .[4]

En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una realidad incuestionable y firme en la cultura política de nuestro país.