Desaparición forzada de Artemisa Tecla Parra, revolucionaria y luchadora social en el periodo de violencia política de Estado en México

Si bien, actualmente existen diversos instrumentos jurídicos -internacionales, nacionales y locales- creados para investigar y sancionar el delito de desaparición forzada, considerada hoy un crimen de lesa humanidad, en el pasado esta práctica se instituyó como herramienta de desmovilización social que operó con el aval del Estado mediante la sistematización y perfeccionamiento del aparato policiaco-militar.[1] Este fenómeno se radicalizó entre la década de 1950 y los primeros años de 1980. Esta época es conocida como “Guerra sucia”, sin embargo, en la actualidad se identifica como un periodo de violencia política de Estado. Esta lamentable etapa histórica se caracterizó por la represión del Estado mexicano hacia a todo actor social que constituyera una amenaza para la permanencia del sistema político, mediante prácticas de persecución, acoso, espionaje, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. Lo anterior, con el objetivo de controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en el país. Esta violencia sistemática alcanzó a cientos de militantes de grupos políticos disidentes. La violencia política institucional implementada en aquellos años derivó en graves violaciones a los derechos humanos de las personas que participaron en los movimientos sociales que surgieron y operaron en aquel momento.[2] Sin embargo, la disidencia no cesó.

Los ideales libertarios por los que las diversas organizaciones políticas inconformes pugnaban tuvieron un amplio eco social. La disidencia vio en la organización popular y la rebeldía la única forma de transformación social. Entre estos actores políticos revolucionarios cobra relevancia la familia Tecla Parra, entonces residentes de Azcapotzalco.[3] Ana María Parra Ramos, llegó a dicho sitio cuando se casó con Rosendo Tecla. Instalada en la Ciudad de México, conoció al hermano menor de éste, Alfredo Tecla, quien en ese entonces participaba en la escuela de cuadros del Partido Comunista Mexicano (PCM).[4] Pronto Ana María comenzó a fraguarse un camino de colaboración en el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR). Sus hijos Ana Lilia, Artemisa, María Violeta, Alfredo y Adolfo, se apropiaron de las ideas que su madre y algunos de sus familiares les compartían y comenzaron a participar y militar en la organización denominada Juventud Comunista, que más tarde formaría parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Resulta importante destacar que la militancia de las mujeres de la familia se acentuó al hacerse conscientes de su inmersión en un sistema rígido y patriarcal reproducido en casa. De ahí que hayan concebido el activismo político no sólo como un camino para "cambiar el mundo", sino como una forma liberación y rebeldía ante la cotidianidad que las acechaba. Entre las mujeres integrantes de la familia Tecla Parra se encontraba Artemisa Tecla Parra, quien destacó por su ideología revolucionaria. Siendo estudiante, conoció a Norma Watanabe dentro del CCH Azcapotzalco. Este vínculo la aproximó a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Pronto, ella y sus hermanos Ana Lilia, Alfredo y Violeta militaron en aquella organización, participando en diferentes comandos y como miembros de la Brigada Roja. [5]

Artemisa fue detenida por primera vez el 4 de diciembre de 1973 en la Ciudad de México. En esa ocasión permaneció en prisión durante cuatro años. Al salir, en 1977, se reincorporó a las filas del de la organización. Su libertad no duró mucho, pues el 16 de mayo de 1978 fue detenida y desaparecida por agentes del Estado. Entonces casada “revolucionariamente” con José Pilar Terrazas Sansabaz “Diego”, uno de los principales líderes de la Liga, realizaba tareas encomendadas por La Liga. Fue secuestrada mientras trataba de auxiliar a su compañero herido durante un enfrentamiento con las fuerzas públicas en Ciudad Delicias, Chihuahua, por agentes de la policía municipal y la Procuraduría de Justicia y traslada al cuartel del 52 batallón de infantería. Más tarde la trasladaron al Campo Militar número 1, en Ciudad de México. Según el informe del 19 de mayo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se reportó que estaba siendo "sometida a interrogatorios".[6] Sin embargo, no se volvió a saber de ella, hasta el día de hoy sigue desaparecida.[7]

El resto de la familia militante tuvo un destino similar. Su madre, Ana María, quien ya había sido detenida en 1971 cuando participó en el MAR, después de pasar 7 años en prisión, volvió a ser privada de su libertad en 1979, en esa ocasión fue llevada, también, al Campo Militar número 1. Nunca más se le volvió a ver con vida. Desde su primera detención La Guardia Blanca acosaba y asaltaba de forma recurrente su hogar con el fin de intimidar a las personas miembros de su familia, políticamente activas. En uno de sus asaltos, el 2 de junio de 1975, detuvieron a Alfredo, hermano de Artemisa, quien fue víctima de tortura prolongada con el fin de delatar a sus compañeros. Adolfo Tecla Parra y María Violeta Tecla Parra, fueron detenidos un día después que su hermano Alfredo, por agentes de la DFS, acusados de pertenecer a la Brigada Roja. Los tres estuvieron detenidos en el Cuartel de Granaderos de Tlatelolco. Alfredo fue presentado con evidencias físicas de tortura ante el Ministerio Público. Sin embargo, Adolfo continúa desaparecido, tenía quince años entonces.[8] Violeta fue liberada en 1977, pero no pasó mucho tiempo en libertad. Reincorporada a La Liga, fue secuestrada en Monterrey en 1978 y trasladada al Campo Militar número 1. También sigue desaparecida.

La historia de la familia Tecla Parra es un doliente hecho histórico que expone la violencia de Estado ejercida contra los grupos disidentes, sin embargo, su caso no es aislado o fortuito. Más de 700 personas fueron víctimas de desaparición forzada en aquellas décadas. El Estado mexicano se valió de diversas organizaciones policiacas y parapoliciacas para implementar su política de represión. Una de ellas fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que fue creada y operó de forma clandestina y sin soporte jurídico en sus primeros años y que pronto fue una de las organizaciones policiacas más representativas de la represión estatal. En los Campos militares, como en el que fue recluida Artemisa, se llevaron a cabo prácticas de tortura, vejaciones, tratos crueles y asesinatos, lo que evidentemente implicó la transgresión de los derechos humanos de las personas detenidas allí.

La Recomendación 26/2001 realizada por la CHDH en 2001 (entregada formalmente en 2021) expuso los instrumentos represivos que el Estado empleó para neutralizar los movimientos y organizaciones sociales, en su mayoría urbanos, entre ellos podemos mencionar la detención arbitraria, la tortura y la desaparición transitoria con un carácter específico y dirigido, atentados contra la dignidad personal, violación sexual, ejecuciones extrajudiciales, toma de rehenes, entre otros. En la recomendación se enfatiza el uso de la tortura y agresión extendidas a las familias de las personas perseguidas como un medio de coacción.

Aunado a lo anterior, respecto a las mujeres, existió también una violencia agudizada por su género, pues se utilizó la tortura sexual como forma de amedrentar a las mujeres detenidas y desaparecidas.

En este periodo se transgredieron los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la integridad, así como el derecho a la verdad,[9] el derecho a la libre asociación, a la participación política en el país, a la justicia, etc. Gracias a la movilización, organización y protesta de numerosos grupos civiles que desde entonces buscan justicia y esclarecimiento de los hechos se han dado avances en esta materia. Por ejemplo, el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, emitido por Andrés Manuel López Obrador en 2021, la entrega de expedientes de la DFS y otras instancias de aquellas décadas al Archivo General de la Nación que a su vez trabaja con el fin de exponer y facilitar el acceso a la información, antes privada al ojo público, reformas a la ley, ratificación de tratados internacionales con el fin de proteger los derechos de los habitantes activos políticamente y aquellos encaminados a la protección de grupos vulnerables. Destaca el reconocimiento de la violencia acentuada por razones de género y la lucha por combatir la tortura sexual ejercida contra ellas en aquel periodo.