Día Internacional contra la Corrupción

A través de la resolución A/RES/58/4, del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 9 de diciembre de cada año como Día Internacional contra la Corrupción, con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto a esta acción carente de valores que afecta negativamente a toda la sociedad[1].

En esa misma fecha, la Asamblea General también aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con la que solicitó al secretario general de la ONU designar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) como la Secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención[2].

La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es[3]:

1. promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción con mayor eficacia;
2. promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
3. promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos

Se han propuesto estas medidas para reconocer que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Socava, por ejemplo, a las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales. De igual manera, coadyuva al desacato de las leyes y provoca atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. La corrupción también atrofia los cimientos del desarrollo económico, así como desalienta la inversión extranjera directa; asimismo, afecta a las pequeñas empresas nacionales, pues les demanda excesivos “gastos iniciales” requeridos por redes de corrupción[4].

Cada año se paga un billón de dólares en cohechos y se roban 2,6 billones de dólares: esta suma equivale a más del 5% del producto interno bruto (PIB) mundial. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a consecuencia de este delito en los países en desarrollo se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo[5].

El Consejo de Derechos Humanos ha formulado numerosas recomendaciones a los Estados Miembros con el fin de prevenir la corrupción y erradicarla, debido a que tiene repercusiones catastróficas sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad –sobre la base de la igualdad– de los bienes y servicios vinculados a los derechos humanos. La corrupción puede presentarse en todos los países, sin importar el sistema económico o político al que pertenezca, tanto en la esfera pública como en la privada. Es un fenómeno transnacional que exige la colaboración de todos los países, incluso para la recuperación de los bienes robados. La instauración de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligación urgente para lograr el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial, así como para garantizar que no repercuta en la violación de derechos humanos[6].

El actual gobierno mexicano emitió el Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024, el cual tiene la finalidad de erradicar la corrupción y la impunidad, así como mejorar la gestión pública, los cuales son propósitos esenciales de la agenda del gobierno. Los ejes en los que se sustenta el Programa Sectorial son los siguientes:

1. Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad
2. Democratización de las tecnologías
3. Protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción
4. Relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera
5. Austeridad republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública

De forma semejante, la Función Pública habilitó dos herramientas de participación ciudadana y combate a la corrupción[7]:

1. El Sistema Integral de denuncias ciudadanas (SIDEC), con el cual los ciudadanos pueden hacer su denuncia si han sido perjudicados por algún funcionario o institución pública.
2. El sistema de Ciudadanos alertadores, un sistema altamente confidencial que está construido en tres ejes: el primer eje, la confidencialidad; el segundo, el acompañamiento y, el tercer eje, la sanción rápida.