Día Internacional de la Democracia

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/62/7, decidió observar cada año al 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, dada su convicción de continuar alentando y promoviendo la democratización, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, por medio de este documento, alentó a los gobiernos del mundo a fortalecer programas nacionales para promover y consolidar la democracia en sus países[1].

En ese sentido, la celebración de esta fecha proporciona una oportunidad de examinar el estado mundial de la democracia, cuya consolidación sólo se logra a través de la participación de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos[2].

Así, podemos definir a la democracia como un valor universal cuya base es la voluntad de los pueblos, libremente expresada para determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, con participación plena en todos los aspectos de su vida. Igualmente, proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos[3].

Aunado a ello se encuentra el enlace entre la democracia y los derechos humanos, en el artículo 21, fracción tercera, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece:

La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes.

En el año 2000, la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomendó una serie de medidas legislativas, institucionales y prácticas para consolidar la democracia. Dos años después, esta Comisión declaró los siguientes puntos como elementos esenciales de la democracia[4]:

• Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales;
• Libertad de asociación;
• Libertad de expresión y de opinión;
• Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley;
• La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población;
• Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas;
• La separación de poderes;
• La independencia del poder judicial;
• La transparencia y la responsabilidad en la administración pública;
• Medios de comunicación libres, independientes y pluralistas;

En el ámbito internacional, el Estado mexicano participa activamente en la promoción de la democracia a través de diversos organismos internacionales y regionales ―como, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros―. En ellos ha respaldado la suscripción de un gran número de instrumentos jurídicos relacionados con el tema, tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que la democracia consta no sólo en elegir a quienes serán portadores de la voz de la sociedad a cualquier nivel, sino en informarse de manera oportuna de las acciones y decisiones públicas, para así poder tener los fundamentos necesarios para crear un verdadero Estado de Derecho[5].