Día Internacional de las Personas con Discapacidad,  en reconocimiento de sus derechos
“Insto a todos los países a que apliquen por completo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aumenten la accesibilidad y eliminen las barreras jurídicas, sociales, económicas y de otro tipo con la participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan.”

António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

 

En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ―en su resolución A/RES/47/3― proclamó el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, como también concientizar sobre su situación en los diversos aspectos de la vida; por ejemplo, en el político, social, económico y cultural[1].

El término “discapacidad” se usa para definir una deficiencia física o mental, como la inhabilidad sensorial, cognitiva o intelectual, así como las enfermedades mentales o varios tipos de padecimientos crónicos. Las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, menos acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Lo anterior se debe principalmente a la falta de servicios que les garanticen el libre ejercicio de sus derechos –como el acceso a la información o al transporte–, lo que repercute en que tengan menos recursos para defender sus derechos. De igual manera, las personas con algún tipo de discapacidad se ven afectadas por la discriminación social y la falta de legislación adecuada para protegerlas[2].

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad –una de cada siete–, más de cien millones son niños o niñas, el 80% vive en los países en desarrollo y, el 50% de ellas, no tiene acceso a la sanidad[3]. Además, quienes viven con algún tipo de discapacidad corren más peligro de ser víctimas de algún tipo de violencia, como indican las siguientes estadísticas:

  • Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de sufrir violencia.
  • Los adultos con algún tipo de discapacidad, 1.5 veces más probabilidades de sufrir violencia.
  • Los adultos con problemas mentales, cuatro veces más posibilidades de sufrir violencia.

Por tal motivo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El propósito de este acuerdo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, sin importar el tipo, y promover el respeto de su dignidad inherente. Subraya, además, que la discapacidad es un concepto evolutivo "resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad" y adopta una amplia clasificación inclusiva de las personas con discapacidad[4].

En 2018, el Secretario General de la ONU, António Guterres, lanzó el Informe Fundamental de la ONU sobre Discapacidad y Desarrollo. En el informe se proyectaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para personas con discapacidad, el cual representa el primer esfuerzo de esta organización internacional para examinar esta condición humana, integrándola a nivel mundial a los ODS de la Agenda 2030. Asimismo, el informe examina datos, políticas y programas, así como recomienda acciones para promover su correcta realización[5].

De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México viven 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres[6]. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre población con limitación o discapacidad por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo (2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país (mayores de 12 años) fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año[7]. En consecuencia, se han diseñado en México leyes generales para dar pauta a cada uno de los estados sobre las obligaciones gubernamentales al respecto. Estas leyes son:

  • Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
  • Ley de Asistencia Social
  • Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Además, el gobierno de México[8] puso en marcha la Pensión Universal para Personas con Discapacidad Permanente en 13 estados. Para tal efecto, en 2022 destinará 87 mil millones de pesos, con lo cual se beneficiará a cerca de 4.5 millones de personas con discapacidad.

Cabe subrayar que es necesario que los gobiernos, las organizaciones enfocadas en las discapacidades, así como las instituciones académicas y el sector privado trabajen juntos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar la dignidad y las libertades de las personas con discapacidad.

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