Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

En 1988 en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, a partir del cual se constituyó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO). Derivado de este evento se instituyó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar consideran que la celebración de este Día Internacional favorece su inclusión en la agenda pública y coadyuva en el combate a la discriminación sistemática que padecen. [1]

Es importante distinguir las labores domésticas realizadas en casa, generalmente no remuneradas y realizadas por integrantes de la familia, de las actividades que llevan a cabo las trabajadoras del hogar. La denominación que han adoptado las personas en cuestión busca enfatizar la exigencia por su reconocimiento como empleadas, condición que favorece el acceso a sus derechos: [2]

• Nueve horas de descanso nocturno continuo;
• Descanso diario de tres horas entre el horario matutino y el vespertino;
• Un descanso semanal de día y medio;
• Contar con una habitación cómoda e higiénica;
• Alimentación sana y suficiente;
• Pago anual de 15 días de salario por concepto de aguinaldo o parte proporcional, según sea el caso;
• Trato digno, respetuoso y amable; y
• Respeto a su condición física, étnica, religiosa, económica y preferencia sexual.

Lo anterior se vincula con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como la fijación de la jornada laboral, los días libres a la semana y el acceso a la licencia remunerada de maternidad. En el mismo Convenio se contempla la prevención del abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad. [3]

Conviene señalar que de los 2.4 millones de personas que trabajan en el hogar de manera remunerada, prácticamente 5% de la población ocupada hoy en México, el 95% son mujeres. De ellas, el 85.8% realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2% son cuidadoras de personas y 5.0% son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares. Un tercio de las mujeres trabajadoras del hogar empezaron a trabajar siendo niñas.[4] Es preciso destacar que los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado gozan de mejores condiciones laborales que sus contrapartes mujeres.[5]

Mientras el 83% de los hombres de la Población No Económicamente Activa (PNEA) son estudiantes, únicamente el 45% de las mujeres en la misma situación estudian. Lo anterior se debe a que un elevado número de mujeres jóvenes desempeñan como ocupación principal os quehaceres del hogar. Es por ello que el Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) ha creado el programa “Empleo Joven: Alianza Estratégica por el Trabajo y el Empleo para Jóvenes”, estrategia a través de la cual, se busca mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran las mujeres jóvenes y brindarles algunas herramientas para acceder a un mejor empleo. [6]

Debido a que las trabajadoras del hogar son un sector desprotegido, en 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, determinando que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fue a raíz de la aprobación de este proyecto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante la Unidad de Trabajo Digno, vigila que se dé cumplimiento a la normatividad y se asegure la incorporación a la seguridad social de las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado con el fin de proteger sus derechos laborales y, de este modo, beneficiarlas a ellas, a sus familias y a su comunidad. [7]

En el mismo tenor, las Agencias de las Naciones Unidas instan a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general a garantizar y respetar los derechos de las personas trabajadoras del hogar, prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia ellas en la ley y en la práctica y reiteran su plena disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado y la sociedad mexicanos en beneficio del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. [8]