Levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

El levantamiento zapatista fue una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1° de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Este movimiento alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México.

Los orígenes político-militares del EZNL se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México, inspirada en la revolución cubana, que organizó una lucha guerrillera para lograr la construcción del socialismo en México. A principios de los setenta, las FLN dieron fin a sus actividades de manera abrupta cuando su estructura en la ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus sobrevivientes no se dieron por vencidos y lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, persiguiendo los mismos objetivos, para finalmente formar el EZLN.[1] Su principal base social del EZLN fueron los pueblos indígenas de la región de las Cañadas, los Altos y la zona norte de Chiapas. Un gran número de personas al mando son indígenas y, al menos desde 1993, el aparato militar ha estado subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI).[2] Las comunidades indígenas y el EZLN colaboraban para salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes; reclutar nuevos combatientes; garantizar bastimentos para sostener a los guerrilleros; participar en movilizaciones de protesta; y realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicios comunitarios. Estas funciones estrechaban los lazos de solidaridad comunitarios, incrementando la integración social y afianzando una “identidad zapatista”.[3]

El EZLN se levantó en armas 1° de enero de 1994, el día que entró el vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país. Sin embargo, la reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión, se llegó a manejar la cifra de 70 mil efectivos del Ejército Mexicano. La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 días de conflicto armado el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego.[4] Posteriormente, el 16 de febrero iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, que terminaron con la firma en 1996 de los acuerdos de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, mismos que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que éstos gozaran de autonomía. Asimismo, los diálogos dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en octubre de 1996.[5]

Es importante mencionar que antes de la fundación del CNI, el Instituto Nacional Indigenista presentó al gobierno federal un proyecto en torno a los Pueblos Indígenas y la reforma del Estado, el Derecho a la Autonomía, Comunidad, Municipio y formas de representación política. Garantías de Acceso a la Justicia y Derechos Culturales. Este documento fue difundido en la prensa y señalaba: [6]

1. Los Pueblos Indígenas ante la reforma del Estado
   • Se sugiere la propuesta de incluir en la agenda del diálogo nacional promovido por los Partidos Políticos y la Secretaría de Gobernación- los derechos de los Pueblos Indígenas.
2. Comunidad, municipio y formas de representación política
   • Reformar el artículo 115 constitucional para incluir:
     • El reconocimiento a la comunidad como la base de la organización política del municipio en un marco de autonomía,
     • La integración del gobierno municipal o ayuntamiento a partir de la participación de las comunidades,
     • Los municipios con 30% o más de población indígena y los que tengan comunidades con más del 70% de población indígena, recibirán una cuota compensatoria de recursos públicos para abatir el rezago y la marginación.

La reforma constitucional en materia de cultura y derechos indígenas significó un cambio jurídico decisivo para el país y fue un asunto vital para la nación en la medida en que tenía el potencial de sentar de las bases para construir una sociedad verdaderamente incluyente. Lamentablemente tras la traición del gobierno al no cumplir los Acuerdos de San Andrés, el EZLN en el 2003 decidió ejercerla unilateralmente mediante la creación de Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que reforzaron el principio del “mandar obedeciendo”. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Además, se desarrolló un sistema de justicia al que acuden tanto zapatistas como otros miembros de la sociedad, por ser más eficaz que el institucional. [7]

En el 2018, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, sucedió un enfrentamiento verbal entre el entonces candidato y el subcomandante Marcos. Luego de que María de Jesús Patricio “Marichuy”, la aspirante independiente indígena no alcanzara las firmas necesarias para lograr su candidatura, el Consejo Nacional Indígena (CNI), organización ligada al EZLN, decidió que no apoyarían al tabasqueño en la elección del 1° de julio. Tras el triunfo de López Obrador como presidente, el EZLN publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés en el que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría. Los zapatistas afirmaron que el enemigo los iba a perseguir y acosar, por lo que urgía una “organización verdadera” que luchara por la vida de los pueblos indígenas. [8]