Mariano Otero Político y escritor de ideas liberales, promotor del juicio de amparo
“Otero fue el que ideó el proyecto a la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos ante la autoridad. Así surgió la formulación del Juicio de Amparo, mismo que fue incorporado a la Constitución en 1857 y posteriormente apareció en la Constitución de 1917."
Marco Antonio González Mora
Secretario de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
2017

 

Mariano Otero nació en Guadalajara el 4 de febrero de 1817. Fue un jurista y político mexicano, diputado constituyente entre 1842 y 1847 y alcalde del ayuntamiento de la Ciudad de México en 1844. A este notable jurista se le atribuye la autoría, junto con Manuel Crescencio Rejón, del juicio de amparo, acción judicial de protección constitucional de las garantías individuales. Mariano Otero obtuvo el título de abogado ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, previo juramento en el que adquirió un triple compromiso, según las reglas de su tiempo: no reconocería otra religión que la católica y defendería “la pureza de la inmaculada Concepción”, observaría los códigos constitucionales y se desempeñaría “bien y fielmente en el ejercicio de abogado” .[1]

Otero realizó biografías, efemérides y fue un escritor asiduo que se destacó por intercambiar opiniones con personajes como el doctor José María Luis Mora, Melchor Ocampo, Mariano Paredes y Arrillaga, Jesús López Portillo y Serrano, Pedro Támez, Antonio de Portugal, José María Lafragua, Joaquín Angulo, Octaviano Muñoz Ledo, Guillermo Prieto, Manuel Covarrubias y otros actores políticos sobre temas jurídicos, con miras a mejorar la situación sociopolítica en el México de aquellos años. Realizó colaboraciones en los periódicos Siglo XIX (junto a Juan Nepomuceno Cumplido) y El Gallo Pitagórico en los que expresó sus ideas, incluyendo su propuesta de Constitución para la República .[2]

El 3 de mayo de 1843 fue detenido -junto a Mariano Riva Palacio y José María Lafragua- y acusado de promover una revolución. Debido a las irregularidades presentadas durante el proceso, ideó la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos ante la autoridad, a través del Juicio de Amparo. Conforme a lo anterior el Juicio de Amparo es una de las principales aportaciones que el jalisciense Mariano Otero Mestas hizo al Derecho mexicano, debido a que es una protección que pueden tener las personas ante los abusos o actos arbitrarios de la autoridad, lo cual contribuye a que se mantenga la legalidad .[3]

Otro de los aportes que podemos destacar de este jurista es la presentación del “Proyecto de Ley Constitucional de Garantías Individuales” (1849), en colaboración con los senadores Manuel Robredo y Domingo Ibarra, en el que las clasifica en los siguientes rubros: garantías de libertad, de seguridad, de propiedad y de igualdad, enumerando las especificaciones que corresponden a cada uno de estos grupos. Asimismo, el proyecto en cuestión asignó a estas garantías un carácter universal para proteger, frente al Poder Público del Estado, a todos los habitantes de la república, sin contraer su goce a los nacionales .[4]

La importancia de Mariano Otero en el Derecho mexicano es reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, en el vestíbulo principal del edificio que la alberga pueden apreciarse esculturas y pinturas en honor al jurista jalisciense, quien se graduó de la Universidad de Guadalajara en 1835 .[5]

La labor de Otero cristalizó el 6 de junio de 2011 con la promulgación de la reforma al Juicio de Amparo que entró el vigor el 4 de octubre de ese mismo año. A raíz de dicha reforma se modificaron los artículos 94, 103, 104 y 107 constitucionales. En el mismo tenor, el 10 de junio del 2011 se llevó a cabo una de las reformas constitucionales más importantes en la historia moderna del sistema jurídico mexicano: la reforma en materia de derechos humanos, que obedeció a los diversos requerimientos que grupos de la sociedad estaban buscando durante varios años, tales como el reconocimiento y primacía a nivel constitucional de estos en el sistema jurídico y la influencia ejercida por el derecho internacional de los derechos humanos [6]. Mariano Otero, precursor de esta reforma, falleció, en la Ciudad de México, el 31 de mayo de 1850.

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