Masacre en el pueblo de Atoyac de Álvarez, Guerrero

El 18 de mayo de 1967 fueron asesinadas varias personas que participaban en una protesta con el profesor Lucio Cabañas Barrientos en la plaza de Atoyac, Guerrero.

Durante las semanas previas a este suceso, padres y madres de familia de la escuela primaria Juan N. Álvarez habían pedido al gobernador de Guerrero, Raymundo Abarca Alarcón, el cese inmediato de la maestra Julia Paco Pizá, que ocupaba el puesto de directora en este plantel. También demandaron el cambio del Comité ejecutivo de la sociedad de padres de familia. Se les exigía a las familias un pago de inscripción de 10 pesos y una cuota mensual de tres pesos; por cada festival las cuotas oscilaban entre 10 y 20 pesos; los niños debían consumir lo que la maestra Julia Paco Pizá vendía en su tienda dentro de la escuela y eran obligados a vender en las calles boletos para funciones de cine organizadas supuestamente para recaudar recursos para el plantel. [1]

La Sociedad de Padres de Familia y el Club de la Buena Vida llamaron a no enviar a los niños a la escuela.

El 17 de mayo, el procurador de Justicia del Estado, Horacio Hernández Alcaraz, y agentes policíacos llegaron al plantel. El día 18 se reunieron en la plaza del pueblo para protestar por los actos arbitrarios del procurador Hernández Alcaraz. En plena asamblea llegó el comandante de la policía judicial, capitán Enrique Castro Arellano, con una ametralladora. Se dirigió al orador en turno para que se callara.

Un padre de familia –Arcadio Martínez Javier– dijo que estaban ejerciendo su derecho de reunión, y el policía le respondió abriendo fuego sobre la multitud. Fueron disparados Arcadio Martínez, Javier Donaciano Castro, María Isabel Gómez –que se encontraba embarazada–, Regino Rosales y Prisciliano Téllez, así como un niño y un policía judicial. Los agentes del gobernador hirieron de gravedad a Juan Reynada Victoria, Gabino Hernández y Juvencio Mesino. [2]

De acuerdo a estos terribles hechos, podemos hacer referencia a los derechos que fueron vulnerados como son: derecho a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa, previstas en los artículos 1, 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce en una trasgresión a su derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de su persona, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria.

Como se intentó culpabilizar a Lucio Cabañas por la masacre, se vio forzado a refugiarse en la sierra para defenderse de la persecución política. Durante los siguientes siete años, se mantuvo en rebelión, luchando para transformar y mejorar las condiciones de vida de los campesinos mediante su organización popular. En sus propias palabras:

“El de 1967 en Atoyac no era un movimiento puramente escolar. Dondequiera se dijo que por sacar a una directora de una escuela estatal hubo una balacera […] No se daban cuenta que antes, y eso a los que están aquí les consta, que antes tuvimos movimientos de pueblo en la sierra contra las compañías madereras, y que antes tuvimos en el pueblo de Atoyac un movimiento contra Caballero Aburto, y que nada más nos buscó tantito el Ayuntamiento, y nos buscó tantito el problema de una escuela y otra vez salimos a la calle a decir que no nos gustaba eso. Ya estábamos acostumbrados a luchar, así que abordamos todos los problemas que teníamos. No era un problemita allí de escuela.” [3]

El 18 de mayo de 2019, integrantes de organizaciones sociales y colectivos del municipio de Atoyac de Álvarez, encabezados por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) conmemoraron con una ofrenda floral y un mitin del 52 aniversario de la masacre. Dentro de dicha conmemoración se pidió al gobierno federal y estatal el respeto a los derechos humanos y la reparación del daño a los que han sido víctimas de la represión y del terrorismo de Estado. [4]

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recordó este 18 de mayo de 2022, el 55 aniversario de la masacre en Atoyac y a través de un comunicado, señaló que la masacre fue parte de un proceso represivo que iba en aumento continuo. La violencia política ejercida por el Estado se perpetraba en la región desde tiempo atrás por las autoridades en complicidad con caciques que mantenían sometidos a los campesinos, quienes vivían en condiciones muy precarias. Ya desde antes la población se había organizado de manera pacífica para defenderse contra la violencia estatal, como contra Caballero Aburto, gobernador priista de Guerrero en 1960, y los cacicazgos en la región. Y que su memoria invita a la reflexión de la sociedad mexicana sobre la digna rebelión de los campesinos ante los violentos embates de fuerzas armadas del Estado en contra de infancias, jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores, y la defensa del derecho a la libre determinación de los pueblos y del medio ambiente de la región. [5]