“Chávez no había mandado disparar contra
los manifestantes como lo clamaron
mentirosamente algunos canales d
e televisión (me refiero al montaje trucado y
falseado que Venevisión difundió
mundialmente); las pruebas existen, al
contrario, que los primeros disparos partieron
de francotiradores disimulados entre los
manifestantes golpistas contra los partidarios
de Chávez, entre los cuales se produjeron los
primeros cuatro muertos”.

Ignacio Ramonet
Periodista

 

El 11 de abril de 2002, el pueblo venezolano, principalmente los excluidos y los suburbios abandonados, fue el protagonista fundamental en las movilizaciones populares, que durante tres días se organizaron para enfrentar los actos de oposición contra el gobierno constitucional y democráticamente electo, detener su pretensión posterior de destitución, y detención del presidente Hugo Chávez Frías, anular la Constitución Bolivariana y la instauración de un gobierno de facto. Al mismo tiempo que el país estaba bajo la incertidumbre, creada por una campaña de desinformación nacional e internacional masiva y orquestada por los grupos opositores y los principales medios de comunicación venezolanos aliados, propiciando multitudinarias manifestaciones, desconcierto y sobre todo el reclamo de la población politizada al derecho a tener derechos, llevándolos a confrontar a los enemigos de la Revolución Bolivariana[1]. Ese día se inicia un fallido golpe de Estado, detonado con un hecho también conocido como Masacre de Puente Llaguno, donde francotiradores disparan sobre la población civil, siendo televisadas escenas selectivas. El día 12, en la madrugada, para evitar más muertes, el presidente Chávez se entrega a los golpistas, pero el pueblo de ese país no está dispuesto a perder a su comandante y, en gesta heroica, defiende su revolución, logrando el triunfo el 14 de abril.

Este golpe de estado, fue repudiado por varios paises así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalando que la ruptura del orden constitucional constituyó una violación a principios básicos del derecho internacional vigente en las Américas, reflejado principalmente en la Carta Democrática Interamericana y a derechos consagrados en la Convención Americana, indicando que nada justifica la ruptura constitucional ni el intento de impedir el funcionamiento de instituciones claves como son los poderes del Estado, además de expresar su más enérgica condena por los hechos violentos que costaron decenas de vidas y más de un centenar de heridos. El 13 de abril de 2002, sobre la base de información de público conocimiento y frente a la gravedad de la situación planteada, la Comisión solicitó información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. Asimismo, la CIDH apunto la escasa o en ciertos momentos nula información en que se encontró la sociedad venezolana durante esos días y señaló que “aunque puedan existir múltiples justificaciones para explicar esta falta de información, en la medida en que la supresión de información haya resultado de decisiones editoriales motivadas por razones políticas, ello debe ser objeto de un indispensable proceso de reflexión por parte de los medios de comunicación venezolanos acerca de su rol en tal momento”. [2]

Cuando el comandante Chávez fue electo por primera vez en febrero de 1999, se enfrenta a un país con históricas desigualdades sociales, agravadas por las crisis de las últimas dos décadas y exacerbadas por la aplicación de políticas de corte neoliberal preponderantes. El discurso que enarbola el nuevo presidente de corte democratizador-nacionalista, apostaba por la politización de lo social, la defensa de los derechos sociales (salud, educación, vivienda, y justicia ) y un control participativo de las entidades públicas y su institucionalización, contrario a lo generalizado por la globalización neoliberal, y que en Venezuela estaba representada por fuertes intereses de poderes económicos, financieros tanto privados nacionales e internacionales; esta confrontación de proyectos, agudiza la conflictividad política y profundiza la polarización social, de tal modo que las manifestaciones sociales y políticas a favor o en contra de Chávez se convierten en un evento intrínseco en la cotidianidad de la ciudadanía venezolana en sus múltiples espacios de discusión y movilización, reflejando la tensión entre dos proyectos antagónicos y sus representantes, incluida la influencia de los medios de comunicación[3], y que tuvo su más trágica y grave expresión en los hechos de los días 10, 11, 12, 13 y 14 de abril, donde las tensiones políticas y sociales se acentuaron, sobre todo por las respuestas que dieron el empresariado, la oligarquía, las corporaciones mediáticas y la cúpula de la iglesia católica venezolana al primer grupo de leyes que formuló el gobierno por la vía habilitante, especialmente, tres normas: la ley de tierras, ley de pesca y ley de hidrocarburos. Al mismo tiempo que establecen un golpe de estado mediático, basado en desinformación y manipulación psicológica, repercutiendo en la democracia, en la vida, derechos humanos y en la dignidad de las personas.

EL resultado más lamentable de los acontecimientos del 11 de abril de 2002, como muestran diversas investigaciones fue el costo inicial en vidas humanas —19 muertos y 72 heridos— y los planes detrás de la intentona de golpe de Estado para cambiar el curso social de la revolución bolivariana. Ese día, aprovechando un paro laboral de los trabajadores petroleros —en protesta porque Chávez había cambiado al grupo de ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y colocado en su lugar a personas afines al proyecto nacionalista bolivariano—, grupos antichavistas, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), algunos partidos políticos, el alto clero católica, ciertos círculos militares y medios de comunicación privados, indujeron la convocatoria a huelga general de la organización patronal Fedecámaras, esta comenzó el 9 de abril, y pretendía permanecer hasta la renuncia de Hugo Chávez.[4]

Invocando el principio constitucional de la desobediencia civil, la oposición arreciaba en sus estrategias de desestabilización y deslegitimación al gobierno del Presidente Chávez, consideraban que su participación en marchas y concentraciones políticas contra el gobierno estaban protegidos por la justicia y guiados por la razón, para restaurar el orden perdido por la “barbarie chavista”. En los medios de información masiva se citaban estudios diversos en donde la mayoría de los “expertos del país” coincidían en afirmar que el presidente Hugo Chávez era el factor fundamental que propiciaba el conflicto político. El mes de abril se concebía decisivo en las definiciones y decantaciones de la crisis política venezolana. El conflicto en PDVSA, el resquebrajamiento de la mayoría parlamentaria del MVR en la Asamblea Nacional, los pronunciamientos de militares de alto rango contra el gobierno del presidente Chávez, la recurrente sobresaturación mediática y la convocatoria a un paro general por parte de Fedecámaras y la CTV el 9 de abril, fueron signos todos de la profundización e irreversibilidad de la crisis política.

Aquel 11 de abril, desde muy temprano los medios de información masiva, actuando como filtros, transmiten en forma precisa, concisa y clara la información que consideran pertinente sobre los acontecimientos, principalmente en el este de Caracas, unificando la marcha de la oposición en apoyo a la huelga de la PDVSA con la consigna: ¡Fuera Chávez!; a medio día dicha la marcha es desviada de su itinerario original, hacia el Palacio de Miraflores, donde inminentemente se encontrarían con una multitud que, respondiendo al llamado de solidaridad con el gobierno, ya se congregaba para su apoyo y defensa en las inmediaciones de la sede de gobierno en Miraflores. Los enfrentamientos no tardaron en darse, con saldo de muertos y heridos que, en un inicio, no se supo bien por causa de quiénes caían. Había francotiradores, y la Policía Metropolitana también parecía haber actuado. Se ha documentado ampliamente los hechos ocurridos ese día, pero en aquel momento la oposición, dueña de las televisoras, no dudó en golpear visualmente con escenas escandalosas a los televidentes, mientras culpaba al presidente por la violencia del día, por la masacre[5]. Mientras en Presidente hablaba por cadena de televisión y radio para transmitir calma, seguridad y control de la situación, la transmisión es intervenida y se divide la pantalla, y simultáneamente muestran hechos violentos en las calles, ruidos, golpes, asesinatos de personas de ambas marchas, francotiradores y decenas de heridos. Así, en imagen, responsabilizan exclusivamente al gobierno. Por otra parte, altos oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales desconocen en horas de la tarde la autoridad del presidente Chávez. En la madrugada del 12 de abril en medios audiovisuales se anuncia falsamente la renuncia del presidente. Para evitar más violencia, Hugo Chávez se entregó. Fue detenido y llevado a la prisión del Fuerte Tiuna, al sur de capital. Secuestran a Chavez y corre el rumor de su dimisión. Inicia la resistencia del pueblo, la represión contra la población y cunde el temor por la vida del Presidente, quien fué secuestrado en un cuartel militar.

Mientras tanto, en un auto juramento completamente ilegítimo por inconstitucional, Pedro Carmona Estanga el empresario, con el apoyo de sectores golpistas se autoproclama presidente de la República de Venezuela –eliminando del nombre Bolivariana-, disolviendo en cadena nacional de radio y televisión los poderes legítimamente constituidos: los organismos Legislativo y Judicial del país, la Constitución de 1999 y las 49 leyes decretadas por Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República. Se facultó para remover autoridades electas en todos los niveles y puso fin al convenio de cooperación con Cuba, mediante el cual Venezuela proporcionaba 55.000 barriles diarios de combustible con posibilidades de pago con servicios que incluían médicos, entrenadores deportivos, profesores, investigadores u otros. Fue un golpe empresarial, apoyado por los medios de comunicación y por la iglesia católica, conocido popularmente en Venezuela como El "Carmonazo" pues el efímero presidente Carmona no sólo era empresario, también era el presidente de la principal organización patronal, llamada Fedecámaras aliada de la CTV que juntas realizaban acuerdos tácticos y estratégicos, constituyéndose como dos actores fundamentales de la oposición política al gobierno del presidente Chávez.

En un paso más, Carmona, a quien la historia ha llamado Pedro “El Breve”, por las 47 horas que duro en el poder, decretó poderes y leyes, retomando la Constitución de 1999. No faltaron los países con intereses propios que lo apoyaron, mientras la represión dictatorial comenzó a perseguir a los chavistas más destacados, vejando y asaltando hogares y ambientes laborales. Los antichavistas tampoco dudaron en asediar a la Embajada de Cuba, ante el silencio cómplice de múltiples naciones . Ese día, Henrique Capriles Randioski, candidato presidencial opositor tras más de una década, entró a la sede diplomática en busca de miembros del Gobierno de Chávez que podrían haberse refugiado ahí. Era entonces alcalde de Baruta, y se enfrentó a la entereza del embajador cubano, Germán Sánchez Otero, quien una década después narró los sucesos en su libro Abril sin censura .[6]

En un paso más, Carmona, a quien la historia ha llamado Pedro “El Breve”, por las 47 horas que duro en el poder, decretó poderes y leyes, retomando la Constitución de 1999. No faltaron los países con intereses propios que lo apoyaron, mientras la represión dictatorial comenzó a perseguir a los chavistas más destacados, vejando y asaltando hogares y ambientes laborales. Los antichavistas tampoco dudaron en asediar a la Embajada de Cuba, ante el silencio cómplice de múltiples naciones . Ese día, Henrique Capriles Randioski, candidato presidencial opositor tras más de una década, entró a la sede diplomática en busca de miembros del Gobierno de Chávez que podrían haberse refugiado ahí. Era entonces alcalde de Baruta, y se enfrentó a la entereza del embajador cubano, Germán Sánchez Otero, quien una década después narró los sucesos en su libro Abril sin censura[7].

Los golpistas contaban con esas herramientas que tantas veces les han resultado benéficas: la sorpresa y la violencia desatada. No contaban, sin embargo, con el pueblo venezolano y sus convicciones. Durante la mañana, del día 12, la Brigada de Paracaidistas de Maracay organizó la resistencia, bajo el liderazgo del general Raúl Isaías: la movilización fue abrazada bajo el nombre Operación de Restitución de la Dignidad Nacional. Diosdado Caballero, vicepresidente, aseguró que el presidente Chávez había sido secuestrado, y al día siguiente, 13 de abril, éste, desde su nueva prisión en la base naval de Turiamo, escribió una proclama aclarando que jamás había renunciado al “poder legítimo” que el pueblo venezolano le había otorgado con sus votos. Fue entonces trasladado a una tercera cárcel, en la isla de La Orchilla, donde se le intentó forzar a firmar la renuncia. No lo hizo.

Al darse cuenta de que el golpe era fallido, Pedro Carmona fue quedándose solo. Las élites antichavistas comenzaron a refugiarse y retirarse. Al enterarse de que hay brigadas de la fuerza aérea en camino para liberar a Chávez, Carmona decidió restablecer la Asamblea Nacional. Para la noche del día 13, por los medios de comunicación oficiales, las bases del Gobierno bolivariano comunicaban que el golpe había sido fallido y se había recuperado el poder. Ese mismo día, dimitió Pedro El Breve Carmona.

Termina el fallido Golpe de Estado y vence con dignidad la voluntad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El alzamiento de la mayoría de la población, que tomó la calles exigiendo la restitución de la legalidad y el regreso del Presidente, así como y la negativa de autoridades internacionales, que no reconocieron a Carmona y a su gobierno de facto como legítimo, llevó a los militares leales al Gobierno a retomar el poder.

Arropado por una multitud que se congregó en las afueras del Palacio de Miraflores, Chávez reasumió de nuevo la Presidencia 48 horas después de la fracasada intentona, en la que los medios de comunicación privados tuvieron una participación decisiva. Para los venezolanos termino el 13, por eso dicen "Todo 11 tiene su 13"

A la 1:30 am del día 14 de abril de 2002, cuatro helicópteros con un comando de élite de 16 hombres aterrizaron en la isla de La Orchilla, rescatando a Hugo Chávez y llevándolo de regreso a Caracas. Entró al Palacio de Miraflores, la sede gubernamental a las 3:00 de la madrugada[8]. El golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela, había fallado completamente y al mundo le quedaba algo claro: el pueblo bolivariano no pensaba dejar caer el proyecto chavista.

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