Represión en San Salvador Atenco. La resistencia digna frente la brutalidad del Estado

a historia de lucha de San Salvador Atenco por la defensa de sus tierras y sus derechos humanos ha sido larga y cruenta. En esta zona oriente del Estado de México la organización y participación sociopolítica es insoslayable y data de décadas atrás. Sin embargo, el proceso más conocido de su resistencia inició en 2001, proceso que sigue vigente pese a que se suele recordar como un hecho pasado. A lo largo de éste se vislumbran numerosos recursos que el Estado uso y sigue usando frente a los movimientos sociales con el fin de criminalizar su protesta[2] y sus demandas de justicia. Es importante rememorar acontecimientos clave de dicho proceso, como los ocurridos en 2006 por el uso de una violencia explícita, estructural, sistemática y de género contra las personas habitantes de este municipio del Estado de México, con el fin de exponer la violación de sus derechos humanos y dimensionar la relevancia de su participación en una de las luchas sociales más importantes de los últimos años en México,[3] así como la actuación del Estado y el uso de la fuerza policial desmedida.

El 22 octubre de 2001 el gobierno de Vicente Fox emitió diecinueve decretos expropiatorios con la finalidad de llevar a cabo el proyecto más ambicioso de su sexenio, construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, Estado de México. Su administración ofreció siete pesos por cada metro cuadrado de tierra, principalmente terrenos agricolas. Este hecho no agrado a las personas habitantes de los pueblos afectados: Tocuila, Nexquipayac, Santa Cruz de Abajo, San Felipe y San Salvador Atenco y comenzaron a organizar la resistencia al aeropuerto, la cual tuvo dos frentes de actuación, tanto la vía legal como la movilización social[4] expresadas a través de sus organizaciones más emblemáticas: Atenco Unido y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Durante los nueve meses que perduró este conflicto la inconformidad se expresó mediante numerosas formas de lucha, tales como marchas, asambleas, bloqueos carreteros, barricadas, guardias, entre otros.[5] Debido al alcance de estas acciones, en agosto de 2002 el gobierno federal echó para atrás el proyecto, sin embargo, la protesta y la lucha del pueblo organizado de Atenco ya estaba afianzada y la imagen de la rebeldía y la desobediencia que las fuerzas gobernantes tenían respecto ésta también, pues el FPDT se convirtió en una presencia constante de apoyo a organizaciones de la región del Valle de México.[6]

Posteriormente, el 3 mayo de 2006, durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, ocurrió un evento que se caracterizó por el uso de la violencia extrema, tortura y criminalización de la defensa de los habitantes del pueblo por parte del Estado, que inició cuando elementos de la policía municipal impidieron a un grupo de comerciantes vender flores en el mercado de Texcoco. Los floristas afectados solicitaron ayuda a las personas activistas de la comunidad de San Salvador Atenco, quienes se organizaron para bloquear la carretera a Texcoco y protestar contra dicha acción arbitraria. La respuesta fue el uso de la violencia para desmovilizarlos. Al día siguiente, el 4 de mayo, miles de policías municipales, estatales y federales irrumpieron en la comunidad de Atenco con el fin de neutralizar las protestas. Lo que se llevó a cabo entonces se ha calificado como una estrategia perpetrada desde el Estado para desmovilizar a la sociedad organizada, evitar la protesta social y la resistencia ante la práctica sistemática de violaciones a sus derechos humanos.

El saldo de estos dos días de extrema violencia desembocó en el asesinato de dos asistentes y la detención arbitraria de al menos 200 personas (entre ellos 10 menores de edad) mediante el levantamiento injustificado y el allanamiento de los hogares. La mayoría de las personas detenidas permanecieron incomunicadas y fueron víctimas de tortura prolongada. Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo irregularidades en sus procesos de aprehensión, castigos injustificados dirigidos sobre todo a los líderes del movimiento FPDT, con sentencias que iban de los 30 años[7] hasta los 112 años de prisión.[8] Asimismo, los elementos policiacos agredieron sexualmente a docenas de mujeres, acción que cometieron con una saña descomunal, pues sometieron los cuerpos de las víctimas a tortura sexual mediante agresiones físicas desmedidas, como pellizcos, penetraciones, golpes y numerosas vejaciones, además de la tortura psicológica que utilizaron en todo momento. Muchas de ellas, fueron violadas por numerosos policías a la vez y sufrieron un injusto encarcelamiento o estuvieron inmersas en un proceso judicial sumamente irregular. Es imprescindible enunciar el hecho que las personas agredidas en dicho acontecimiento no solo fueron pobladores del municipio, también fueron periodistas, estudiantes, manifestantes que apoyaban la causa, extranjeros o solo asistentes fortuitos. Esto evidencia no solo la brutalidad del Estado contra los manifestantes sino la violencia injustificada, tortura y arbitrariedad ejercida en dicho evento contra todas las personas que resultaron agredidas.

Asimismo, diversos organismo internacionales y nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Pleno de la Suprema Corte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[9] en diferentes años y mediante diferentes procesos de análisis concretaron que en 2006, en Atenco ocurrieron violaciones graves de derechos humanos mediante el uso excesivo e injustificado de violencia por parte del Estado mediante sus aparatos de represión policial, entre los que se destacan la violación al Derecho a la vida, al Derecho a la integridad personal y derecho a no ser torturado, pues numerosas víctimas de detenciones arbitrarias fueron agredidas en el momento de su detención y con posterioridad a ésta. Ejerciendo violaciones a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio, abuso sexual y violación, a la no discriminación por género y a no ser torturado, el Derecho al debido proceso legal, el Derecho a la justicia, el Derecho al trato digno de los detenidos, Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados[10] o en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.[11] Asimismo, el Estado mexicano no sólo violó los derechos humanos de las víctimas sino que incumplió su obligación de investigar los hechos de forma adecuada y castigar a los responsables.[12]

La violencia agotada en los cuerpos de las mujeres y hombres no detuvo, sin embargo, su resistencia. Con los principales líderes encarcelados, las mujeres organizadas fueron protagonistas del movimiento posterior en busca de justicia. Entre las demandas posteriores, se encontraba, además de la liberación de los presos políticos, también la visibilidad de la brutalidad ejercida contra los habitantes de Atenco, así como la verdad sobre lo que ellas habían vivido y la violación de sus derechos humanos por parte del Estado. La campaña logró que el 30 de junio de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la libertad de los 12 integrantes del FPDT presos desde mayo de 2006. Sin embargo, los abusos perpetrados contra ellas no han visto justicia y castigo para los responsables, pese a la condena hecha por organizaciones internacionales contra el Estado Mexicano, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de noviembre de 2018 dicha instancia emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos por la violación de los derechos humanos de las mujeres de Atenco,[13] juzgando los actos graves de violencia física y psicológica contra las víctimas, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de 11 mujeres [14]. Mismas que no sólo fueron abusadas sino que estuvieron entre ocho días y hasta dos años y ocho meses presas acusadas por distintos delitos.[15]

Entre los derechos vulnerados ejercidos por el Estado a las mujeres denunciantes se encuentran: La violación a la libertad personal y garantías judiciales contenidas en los artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, privación de la libertad, falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada, la violación a la integridad personal, la vida privada, el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación y de tortura expuestas en los artículos 5, 11, 24 y 1 de la misma y 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura.[16] Asimismo la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, la falta de atención médica adecuada que violentaron sus derechos contenidos en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención, entre otros. Además de estos hechos ocurridos contra ellas en los días señalados, también estás mujeres fueron víctimas de la “revictimización”, castigadas por buscar justicia, negando lo sucedido o minimizando los hechos y las consecuencias de los actos. Aunque el Estado reconoció de forma parcial su responsabilidad por las violaciones de los derechos de las once mujeres denunciantes ninguna persona ha sido condenada por tales actos de crueldad.