Richard Nixon dimite como presidente de los Estados Unidos como resultado del proceso Watergate
“Nunca he sido una persona que se rinda fácilmente. Dejar la presidencia antes de que mi mandato termine es algo que aborrezco profundamente desde lo más hondo de mi alma. Pero como presidente, debo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar”

Richard Nixon
Discurso a la Nación, 8 de agosto de 1974

 

En junio de 1972, cinco hombres fueron detenidos a las 2:30 horas de la madrugada cuando intentaban colocar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en Washington. Los detenidos eran agentes secretos al servicio del presidente Richard Nixon y tenían como misión intervenir los teléfonos para espiar a sus contrincantes durante el periodo de reelección presidencial. Así se descubría el escándalo político más grande de Estados Unidos: la trama de espionaje dirigida por la administración de Richard Nixon que en menos de cuatro meses llevaría a la dimisión del presidente. El proceso mejor conocido como Watergate.

La noticia que se publicó en el periódico estadounidense The Washington Post casi pasó desapercibida. Los cinco hombres arrestados habían declarado ser plomeros contratados para evitar filtraciones en el edificio. Sin embargo, los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein descubrieron que en realidad se trataba de agentes especiales encubiertos. Entre ellos, James McCord, un antiguo miembro de la CIA y jefe de seguridad para la campaña de reelección de Nixon, de cara a las elecciones que sucederían en noviembre de ese año. [1]

Richard Nixon había llegado a la presidencia de Estados Unidos en 1968 como un candidato conservador y miembro del Partido Republicano. Su mandato estuvo marcado por la década de los 60’s, por las revoluciones sociales que ocurrieron en todo el mundo y por la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam (1955-1975). Un gran fracaso militar en el que más de 58 mil soldados americanos murieron en un intento por detener la ideología comunista de la Unión Soviética y extender la influencia de Estados Unidos.

En los días posteriores a la publicación de la noticia, Richard Nixon intentó eludir su responsabilidad en el incidente. Comenzó a comprar el silencio de los detenidos pagando grande sumas de dinero a los detenidos.

Las investigaciones de Bernstein y Woodward continuaron desenmascarando todo un hilo de espionaje y uso ilegal de fondos dirigido desde la Casa Blanca. Pues a los detenidos se les había decomisado dinero que procedía de donaciones para la campaña del presidente. Además de que algunos empleados del Comité para la Reelección revelaron datos decisivos sobre el uso ilegal de fondos en la campaña. Fue gracias a una fuente anónima, que los reporteros también confirmaron que Nixon tenía como objetivo espiar a sus rivales políticos, a periodistas y a cualquier persona considerada como desleal. [2]

El 29 de septiembre Bernstein y Woodward publicaron gran parte de sus hallazgos, afirmando que John Mitchell, ex jefe de campaña de Nixon, había controlado un fondo secreto para investigar a los demócratas. Demostrando que existía una fuerte conexión entre los actos de corrupción y espionaje y el mismo presidente Nixon. A pesar de todo, a principios de noviembre de 1972 Richard Nixon ganó las elecciones presidenciales de manera aplastante. El escándalo parecía no haberlo afectado, pero la tenacidad de los reporteros del Washington Post, así como de su propietaria, aseguró que la investigación no se detuviera.

La situación dio un giro cuando uno de los ex agentes de la CIA detenidos por irrumpir en las oficinas demócratas de Watergate, envió una carta al juez afirmando que los acusados habían sido presionados para declararse culpables. Aseguró que personajes importantes estaban implicados, temiendo incluso por su vida si revelaba la información. Esto ocasionó que diferentes medios de comunicación retomaran la investigación adelantada por el Washington Post haciendo por fin del escándalo, un tema de interés mediático nacional.

Ante la presión de la sociedad, el Senado de Estados Unidos inició una investigación, obligado a Nixon a atender el tema. Poco a poco el hilo se fue descubriendo y los involucrados, con miedo de ser señalados como culpables, comenzaron a confesar. Bernstein y Woodward recibieron información de que Nixon había sobornado a los acusados para frenar las investigaciones. Se les informó también, que existían grabaciones secretas dentro de la Casa Blanca en las que quedaba clara la participación de Nixon. Ante la evidencia y la falta de explicaciones, el presidente perdió todo el apoyo de su partido. Viéndose incluso ante la posibilidad de que iniciara un proceso de destitución en su contra[3]

El 8 de agosto de 1974, Nixon dio su último mensaje a la nación, renunciando en favor del vicepresidente Gerald Ford. Su dimisión se hizo efectiva al día siguiente, sin embargo, nunca fue encontrado culpable. El 8 de septiembre de 1974 Gerald Ford le otorgó un indulto completo e incondicional. Eximiéndolo de cualquier consecuencia a los crímenes que pudiera haber cometido como presidente.[4]

Los eventos del Watergate levantaron serias dudas sobre la definición, el uso y el abuso de autoridad del poder ejecutivo tanto en Estados Unidos como en el mundo. Demostrando también la importancia de la libertad de expresión y dentro de esta, la libertad de prensa de información, como derechos fundamentales para una democracia equilibrada garantizando un estado de derecho en el que nadie, ni siquiera el presidente, esté por encima de la ley.

Todos tenemos derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, sin estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. [5]

Actualmente, la Constitución Política de la Ciudad de México incorporó el derecho al buen gobierno y a la buena administración pública en su artículo 60. Estableciendo que es un derecho de los ciudadanos contar con una administración y un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, eficaz e incluyente, que procure el interés público y combata la corrupción. [6]Este derecho fue reconocido por la Unión Europea en el año 2000 y se traduce en la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública.

Área Responsable