Se crea la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Lucha contra la tortura y la desaparición forzada y por el derecho a la verdad

El día 3 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

El objetivo ha sido establecer la colaboración entre las dependencias gubernamentales en la investigación sobre los posibles sitios donde podrían estar los normalistas. Además, en el decreto se invocan los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 13, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los 8, 10, 11 y 18 a 25 de la Ley General de Víctimas; así como los 8 y 112, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública[1].

La CoVAJ está conformada, por el lado gubernamental, con representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público; del lado de las víctimas están presentes las madres y/o padres de los jóvenes desaparecidos y, como acompañante, una comisión de representantes de las organizaciones civiles. La presencia de los familiares como parte activa supone un nuevo modelo de participación de las y los perjudicados, pues genera un nuevo esquema de información. Su relevancia está en la transformación de la relación entre el Estado y las víctimas[2].

La lucha emprendida por los familiares de las víctimas obtuvo resultados en la investigación durante esta administración del Poder Ejecutivo, pues su representante se comprometió a esclarecer los hechos de aquella trágica noche. Gracias a este compromiso, el 18 de agosto de 2022 el presidente de la CoVAJ, Alejandro Encinas, se reunió con los familiares de los estudiantes. Luego, dio a conocer los avances de la investigación y aseguró que la desaparición “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. También comentó que durante el proceso fueron ejecutadas 26 personas, la mayoría integrantes de Guerreros Unidos, por lo cual se descarta valiosa información en la investigación[3]. En ese momento se presentaron como pruebas 467 capturas de pantalla de mensajes que supuestamente habían sido enviados por delincuentes y funcionarios que ya habían sido implicados en el crimen.

Semanas más tarde, Encinas admitió que las pruebas presentadas tal vez eran apócrifas, pues “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está invalidado”. Los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyeron que las capturas de pantalla presentaron irregularidades, por lo cual era complicado confirmar que “los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital"[4].

Si bien es una situación crítica, los expertos del GIEI reconocieron la relevancia de las investigaciones, sobre todo en establecer la vinculación al proceso de grupos delictivos y su relación con elementos de la policía estatal y federal, así como miembros del ejército[5].