Semana del Desarme, por un derecho a la paz

La conmemoración anual de la Semana del Desarme, que comienza el 24 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está establecida mediante la resolución A/RES/S-10/2 en el Documento Final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 1978. Dentro de dicho documento se hace un llamado a abandonar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y lograr la seguridad desde el desarme. También invita a los Estados a poner de relieve el peligro que representa la carrera armamentista, propagar la necesidad de su cese y hacer comprender al público la urgencia de las tareas de desarme[1].

Dentro de esta línea, en 1995, a través de la resolución A/RES/50/72, la Asamblea invitó a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) a continuar participando de forma activa en esta Semana del Desarme, extendiendo la invitación al Secretario General para que siga utilizando los órganos de información de la ONU, en todas las áreas posibles, para fomentar entre el público un mejor entendimiento de los problemas relacionados con el tema y de los objetivos de la Semana del Desarme[2].

Debido a lo anterior, durante la anual “Jornada de los Tratados” se presta gran atención al “Tratado sobre el Comercio de Armas”; éste entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, y regula el comercio internacional de armas convencionales, desde pequeñas hasta carros de combate, aeronaves de combate y buques de guerra[3]. Su objetivo es[4]:

• Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales;
• Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío. Con el fin de:
• Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional;
• Reducir el sufrimiento humano.

De este modo, es indispensable promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados en el comercio internacional de armas convencionales, para así lograr fomentar la confianza entre ellos.

Impulsados por consideraciones humanitarias y de derechos humanos, varios tratados e instrumentos multilaterales, con el objetivo de regular, restringir o eliminar ciertas armas convencionales y regular el comercio internacional de armas, se han negociado. Entre ellos figuran la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, Convención sobre Municiones en Racimo en Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra. El Tratado sobre el Comercio de Armas regula la transferencia internacional de armas convencionales por establecer normas internacionales comunes, mientras que el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras contiene una serie de compromisos a nivel nacional, regional y mundial para combatir este azote. Además, hay esfuerzos internacionales en desarrollo para abordar las consecuencias humanitarias del uso de armas explosivas en las zonas pobladas[5].

Por otro lado, la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representó un momento decisivo en los esfuerzos mundiales por prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de armas, como está especificado dentro de su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 (meta 16.4)[6]:

• 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

A consecuencia de esto, la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme, trabajan en conjunto para lograr promover la paz y la seguridad internacional a través de la búsqueda de la eliminación de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y la regulación de las armas convencionales[7].

En el ámbito Nacional, y con el fin de garantizar a todos los mexicanos el derecho que tienen a la protección, a la integridad, a la seguridad y a la paz, el 4 de agosto de 2021 el Gobierno de México interpuso una demanda ante la Corte Federal en Massachusetts en contra de varias empresas estadounidenses dedicadas a la producción y comercialización de armas de fuego bajo el argumento de que eran responsables de tráfico ilícito. Se demandó tanto a fabricantes como distribuidores de fusiles antimateriales, calibre cincuenta, así como rifles de asalto, particularmente AR-15 y WASR-10, modelos frecuentemente decomisados por las autoridades mexicanas a grupos del crimen organizado Un “Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México”, que vulnera la soberanía, atenta contra los derechos humanos y promueve la violencia y guerra interna en el país, por ser usadas entre otros, por la delincuencia organizada en México[8].[9]