La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 37/2023 al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la que se ratifica que, al menos seis personas servidoras públicas del gobierno de esa entidad, vulneran el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, y al acceso a la justicia en plazo razonable, por no aceptar la Recomendación emitida el 30 de agosto de 2021 por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 81/2019 al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Ayuntamiento de Jiutepec por el insuficiente cumplimiento de una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad por la Comisión Estatal de Seguridad Pública y porque el Presidente del municipio mencionado no la aceptó, así como al Ombudsperson Estatal, Raúl Israel Hernández Cruz, por las irregularidades detectadas en la integración del expediente de queja sobre el cierre e instalación de controles de acceso a un fraccionamiento por una asociación de colonos.
Sobre los recursos de impugnación promovidos contra la no aceptación, del Presidente Municipal de Jiutepec, de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y por la insuficiencia en el cumplimiento de la misma, por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Morelos.
Sobre el caso de la construcción del libramiento de la autopista México-Cuernavaca, conocido como “paso exprés”, y posterior socavón ocurrido el 12 de julio de 2017, en Cuernavaca, Morelos, que derivó en violaciones a los derechos humanos de V1 a V7.
La CNDH determinó, mediante pruebas exhaustivas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la principal responsable de las irregularidades en el caso del socavón del Paso Exprés en la Autopista México-Cuernavaca en el que murieron cuatro personas. Este Organismo nacional consideró 29 puntos recomendatorios a las autoridades involucradas y la reparación del daño a las víctimas. Expresó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública se investigue de manera integral pues el hecho continúa impune.
