Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia en su modalidad institucional de QV1; a la protección de la familia y al proyecto de vida de QV1 y V2; así como al interés superior de la niñez de V2, como personas indígenas tlapanecas, atribuibles a personal de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México.
Luego de una extensa investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) vulneraron los derechos humanos de una mujer y su hija, personas indígenas tlapanecas, en la Ciudad de México, de acuerdo con la Recomendación 111/2025, dirigida a ambas instancias.
En junio y octubre de 2021, el MNPT visitó nueve centros especializados para la rehabilitación de adicciones con el objetivo de conocer las condiciones en las que se encuentran las personas usuarias dentro de estos establecimientos, buscando prevenir la existencia de hechos de tortura y otros tratos o pena crueles, inhumanos o degradantes. En las visitas, se identificó el ingreso involuntario de manera común sin el cumplimiento de los requisitos que establece la NOM y la falta de personal especializado en el tratamiento de adicciones para llevar a cabo las reuniones, así como la falta de atención médica, psicológica y psiquiátrica.
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a las instituciones que defienden las garantías individuales en el mundo a hacer un trabajo autónomo, proactivo y eficaz a favor de quienes hacen esta labor, principalmente las mujeres. En gira de trabajo por Marruecos suscribió la Declaración de Marrakech y subrayó que las agresiones a personas defensoras afectan a un país en sus valores cívicos y democráticos / La CNDH urgió a las autoridades de todas las entidades federativas a asignar los recursos necesarios para hacer efectiva la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pues la carencia de fondos impide avanzar en el cumplimiento de la norma.
