La CNDH, de manera conjunta con diversas organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas de migrantes en México, se pronuncian enérgicamente en contra de decisiones tendentes a militarizar el Instituto Nacional de Migración (INM), toda vez que, a la fecha, se advierte que en 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir las representaciones u oficinas de ese Instituto en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrenda su compromiso de apoyar y acompañar a los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en su demanda de justicia; considera que es fundamental su participación en las investigaciones y actividades de localización, al tiempo que demanda a las autoridades evitar su revictimización, así como brindarles un trato digno y respetuoso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó ante el reconocimiento oficial de que fue un operativo fallido, mal planeado y ejecutado, el que se realizó en Culiacán, Sinaloa el pasado 17 de octubre, se requiere una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada, ya que en este caso es importante conocer que paso y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por la reiterada violación a los derechos fundamentales de 5.9 millones de personas que integran la población agrícola de nuestro país, ante lo cual subrayó la necesidad de empoderar a organizaciones civiles y personas defensoras al proporcionarles herramientas para que influyan de manera positiva en la protección y promoción de esas prerrogativas, así como en la importante tarea de visibilizar sus violaciones, para que las autoridades cumplan sus obligaciones constitucionales y las personas trabajadoras del campo tengan una vida digna.
