Ante el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Federal Femenil “Noroeste”, quien fue víctima de violencia obstétrica al someterla a un procedimiento de cesárea que no era indispensable, así como a la extirpación del útero sin su consentimiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 204/2024 al Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Al presentar los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022, que analiza las condiciones de reclusión de 299 centros penitenciarios federales, estatales y lugares de internamiento de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado a las autoridades responsables para revertir los problemas que enfrentan las prisiones y prevenir riesgos en materia de gobernabilidad, seguridad y violaciones a los derechos humanos.
A través del presente DNSP 2022 se identifican aspectos relacionados con las condiciones de vida en la que se encuentran las personas en prisión preventiva y de las que cumplen una pena de privación de libertad, a fin de que éstas sean compatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que las posibilite hacia el alcance de una reinserción social efectiva mediante el cumplimiento de los ejes constitucionales conforme a la observancia de los principios pro persona, no discriminación y presunción de inocencia.
Con la emisión del Pronunciamiento para la Adopción de Acciones Urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad de los Centros Penitenciarios del País, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, a fin de que implementen acciones con debida diligencia que les permita recobrar la gobernabilidad, seguridad y debido funcionamiento de dichos establecimientos en el país.
Tras los lamentables hechos de violencia ocurridos el 21 de febrero en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal intervinientes en los posibles traslados de personas privadas de la libertad, a efecto de que, toda medida que ello conlleve se realice en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, medida que por sí misma tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal ─tanto física como mental─, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior.
Sobre la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de V en el Centro Federal de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un acuerdo de atracción y apertura de oficio, luego de que servidores públicos del Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, Morelos, impidieron el pasado 18 de agosto, el acceso a funcionarios de este Organismo Nacional para realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).
La CNDH, en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), da seguimiento a las acciones de prevención atención y mitigación de riesgo que son implementadas por las autoridades penitenciarias del país; inició diligencias in situ en distintas entidades federativas del país, el 30 de abril y el 1 de mayo en el Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya, Morelos y el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México.
La CNDH se congratula por la emisión del Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía y manifiesta su total adhesión a este decreto por tratarse de un asunto de trascendencia nacional y un acto humanitario y de justicia. Considera acertada la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto de la Ley de Amnistía, como parte de una estrategia de política criminal centrada en la justicia y en la atención de las causas del delito, ya que pone énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas.
Para erradicar las deficientes condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos de la República Mexicana, así como por la atención inadecuada que ahí reciben, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las Recomendaciones 60/2019, 61/2019 y 62/2019, dirigidas respectivamente a los gobernadores de los estados de Tamaulipas, Durango y Baja California Sur.
