La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado al gobierno del estado de Oaxaca para garantizar los derechos humanos de las víctimas de desaparición de personas, desplazados y privadas de la libertad, mediante la procuración de justicia en las investigaciones, a fin de realizar acciones tendientes a la búsqueda y localización de las víctimas, así como procurar la salud y vivienda digna de personas desplazadas, sin dejar atrás el debido proceso de las personas privadas de la libertad.
Por violentar el derecho humano a una vivienda adecuada en agravio de familias damnificadas por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, a las que se entregó 71 viviendas de alto riesgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 89/2020 a Román Guillermo Meyer Falcón, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1 y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.
Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida y a la vivienda por la falta de debida diligencia en el mantenimiento de distancias seguras y protecciones adecuadas en las líneas aéreas de media tensión, que derivó en el fallecimiento de V1 por electrocución, en un inmueble de departamentos ubicado en Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, en agravio de V1 y su familiar QV.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta al Gobierno federal considerar la perspectiva de derechos humanos respecto de la Gestión Integral de Residuos, y prever el uso de tecnologías de vanguardia en la gestión sostenible de los mismos, ya que se trata de imperantes necesidades cuya implementación en la agenda nacional debe considerarse en las actividades de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, incluido el Programa de Mejoramiento Urbano, y contribuir a la mejora de los servicios en la vivienda, que en 2018 afectaba a 24.7 millones de personas en el país.
