La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 178VG/2025 a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), al acreditar violaciones graves a los derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza por parte de servidores públicos, quienes utilizaron de manera ilegítima armas de fuego, causando lesiones que pusieron en riesgo la vida de la víctima.
En su Recomendación 175VG/2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó violaciones graves a los derechos humanos de seis personas migrantes fallecidas (entre ellas una menor de edad), nueve heridas y 19 más que resultaron ilesas durante un ataque con armas de fuego por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) cuando se desplazaban por una carretera del estado de Chiapas.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que derivó en violaciones al derecho a la vida de VF1, VF2, VF3, VF4, VF5, VF6, y a la integridad personal de VL1, VL2, VL3, VL4, VL5, VL6, VL7, VL8, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18 y V19, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de QV1, QV2, QV3 y QV4, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General de la República, en los Reyes la Paz, Estado de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 153VG/2024 al gobernador y al fiscal general del estado de Querétaro, así como a los presidentes municipales de Pedro Escobedo, Huimilpan y El Marqués, de esa entidad federativa, por violaciones graves a los derechos humanos derivadas de actos de tortura, detenciones arbitrarias y afectaciones ocasionadas en contra de habitantes de la comunidad de Escolásticas, ocurridas el 13 de junio de 2023.
Con relación a las declaraciones hechas en redes sociales, así como en el canal de televisión “La Octava” del 2 de febrero, por una víctima, reconocida así en la Recomendación 38VG/2020, y por su señora madre, en el sentido de que esta última recibió la notificación de conclusión de dos quejas donde la CNDH le da “carpetazo” a su asunto después de que, afirma, se le aseguró saldría una recomendación, hecho que consideró como represalia por denunciar la revictimización de su hijo por parte de esta Comisión Nacional; privilegiando desde luego el interés de las víctimas a las que se debe, no obstante, es necesario precisar lo siguiente:
A cinco años de los sucesos victimizantes de Asunción Nochixtlán, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral es la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental, lo que ha sucedido para las personas en situación de víctimas de Nochixtlán. Estos derechos configuran el pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, puesto que coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompaña el recorrido de la caravana de personas migrantes, verificando que se respete su integridad y realizando diversas gestiones ante autoridades federales y estatales para que se les otorgue asistencia humanitaria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación por violaciones graves 46VG/2021 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval González, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria de una persona, cometidas en marzo de 2017 en Irapuato, Guanajuato. Elementos militares fueron los últimos en tener la custodia de la víctima y omitieron proporcionar información sobre su paradero desde su detención hasta que fue localizado sin vida.
