La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a la autoridad penitenciaria en el estado de Chihuahua, luego de los hechos de violencia registrados en el Centro de Readaptación Social (CERESO) Número 3, ubicado en Ciudad Juárez, para salvaguardar la integridad física de las personas internas, del personal que labora en el mismo, así como de las personas visitantes, y en su caso, se les brinde la atención médica y/o primeros auxilios psicológicos que requieran.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 232/2022 al gobernador constitucional del Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, por la violación al derecho al trato digno e integridad personal por uso excesivo de la fuerza y actos de tortura a consecuencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad, así como al derecho a la reinserción social, seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia y a la verdad en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca (CERESO 1 Norte Apodaca), Nuevo León.
Sobre el caso de violación a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad en relación a la vida privada, así como al de identidad de género, personalidad jurídica y libertad de expresión en agravio de V1 y V2, personas transgénero privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca y el similar en Ocampo, Guanajuato, respectivamente.
Tras los lamentables hechos de violencia ocurridos el 21 de febrero en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal intervinientes en los posibles traslados de personas privadas de la libertad, a efecto de que, toda medida que ello conlleve se realice en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, medida que por sí misma tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal ─tanto física como mental─, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior.
Tras darse a conocer el lamentable descubrimiento del cuerpo sin vida de un menor de edad, de aproximadamente tres meses, al interior de un contenedor de basura en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), en San Miguel, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha determinado ejercer su facultad de atracción, iniciar la investigación correspondiente de los hechos, y solicita medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios del estado de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la entidad, a fin de que se colabore con la investigación que permita esclarecer los hechos, se garanticen los derechos humanos y se refuercen los controles de vigilancia, revisión e ingreso en el Centro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envío la Recomendación 100/2021 a la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por uso innecesario de la fuerza que policías estatales implementaron durante el motín ocurrido el 24 de enero de 2021; además de que al recorrer el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mexicali, personal de la Comisión observó condiciones inadecuadas para los internos, lo cual representa vulneraciones al derecho humano a la seguridad e integridad personal, al trato digno y a la reinserción social de las personas internadas en dicho CERESO.
Personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizó una visita al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Piedras Negras, Coahuila, para detectar y frenar posibles factores de riesgo que puedan propiciar actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a las personas privadas de la libertad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 82/2020 al gobernador constitucional del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el incumplimiento en las funciones de servidores públicos del Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya y de la Dirección General de Centros Penitenciarios, ambos del estado de Morelos, al obstaculizar las labores de personal de este Organismo Público Autónomo e impedir la observancia por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en dicho centro penitenciario.
Sobre el caso de incumplimiento en las funciones de los servidores públicos del centro de reinserción social varonil de Atlacholoaya y de la dirección general de centros penitenciarios, ambos del estado de Morelos, por obstaculizar la intervención de este organismo nacional para la vigilancia al respeto de los derechos humanos de la población interna, y por la falta de personal de seguridad y custodia, factor que limitó la actividad de esta Comisión Nacional, en específico del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, vulnerando el derecho humano a la reinserción social efectiva.
Sobre el Recurso de Impugnación de R1, R2 y R3, en contra del acuerdo de conclusión de un expediente de queja integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
