La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el marco de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las y los legisladores del Congreso del Estado de Oaxaca a publicar los resultados de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, realizada en torno a la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, tal y como lo sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2020, a fin de garantizar los derechos fundamentales a la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución Política Nacional, en su artículo 2.
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del comunicado de prensa DGC/112/2021 del pasado 23 de abril, solicitó al H. Congreso de la Unión que, en el proceso legislativo del Decreto de mérito, se reconociese los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, se les garantizase el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria, reparación integral del daño y garantías de no repetición, así como la coordinación interinstitucional para la aplicación de protocolos homologados y asociados a los derechos de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, a la escucha, acompañamiento y atención a las familias agraviadas y a los colectivos que históricamente realizaron las labores de búsqueda que el Estado obstruyó.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado al H. Congreso de la Unión para que, en el proceso legislativo que continúa, correspondiente al proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), reconozca los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este Organismo Nacional enfatiza la importancia de que México cuente con una FGR fortalecida e independiente, que realice sus funciones con plena observancia a los principios y derechos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.
