La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, el pasado 8 de noviembre, una demanda de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo de la invasión de la esfera de competencia de este Organismo Nacional en el que incurrió el INE al emitir el comunicado número 457, con fecha 30 de octubre de 2022, así como por diversos pronunciamientos públicos emitidos por integrantes de su Consejo General en detrimento de la CNDH, ya que se le ha intentado silenciar, a partir de una interpretación de la ley, que desestima la facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de protección de los derechos político-electorales del pueblo de México.
El problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, y más allá de esto de las relaciones entre hombres y mujeres. Es ahí donde legisladoras y legisladores, ministras y ministros de la Suprema Corte, y desde luego autoridades gubernamentales, deben abundar, entendiendo que EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA NO SE RESOLVERÁ CON MÁS VIOLENCIAS Y MENOS INCLINANDO LA BALANZA HACIA NINGUNO DE LOS EXTREMOS. Es decir, que no se trata de atizar el conflicto. Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente. Nunca de exclusión o discriminación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento del Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del año en curso.
