La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 18/2023 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por la detención arbitraria de una mujer y sus hijos menores de edad, así como por las agresiones sexuales que sufrió ella y una de sus hijas por parte de elementos castrenses en el municipio de Ecuandureo, Michoacán.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal por actos de tortura en agravio de V1, V2 y V3, así como a la libertad, seguridad personal y legalidad por su retención ilegal, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal, en la Ciudad de México.
Sobre el caso de violaciones graves por la detención arbitraria y desaparición forzada de personas, cometidas en agravio de V1, así como al derecho a la verdad y al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de V1 y de sus familiares, por la falta de debida diligencia en las investigaciones.
Sobre el caso de violaciones graves y otras a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal por la detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria e integridad personal por actos de tortura en agravio de V1; así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en el municipio de Comalcalco, Tabasco.
Sobre el caso de violaciones graves por la detención arbitraria y desaparición forzada de personas cometidas en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5 en Ciudad Camargo, Tamaulipas.
Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9, V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo, Tamaulipas.
La Recomendación General fue emitida en 2011 y se dirigió a: Procuradores Generales de Justicia y de la República; Secretario de Seguridad Pública Federal, y responsables de Seguridad Pública de las entidades federativas