El Ombudsperson nacional mexicano, Luis Raúl González Pérez, expresó ante los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la necesidad de que México consolide su institucionalidad democrática mediante la preservación del sistema constitucional de pesos y contrapesos, y fortalezca para ello la profesionalización del servicio público, al tiempo que subrayó la necesidad de que se respete el disenso y se superen los discursos que polarizan a la población.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, en agravio de V1, V2 y V3; a la integridad personal y a la seguridad jurídica, en agravio de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, con motivo del uso arbitrario de la fuerza letal y de la omisión de adoptar medidas de protección, atribuible a elementos de la SEMAR, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrendó ante diversas instancias internacionales su compromiso con las víctimas y con el Derecho a la Verdad de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en que perdieron la vida 6 personas, 42 más resultaron lesionadas y desaparecieron 43 estudiantes normalistas. Subrayó que el alcance y duración del trabajo desarrollado que dio como resultado la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos 15VG/2018, enfrentó la falta de información confiable remitida por las autoridades que en ámbitos distintos desarrollaban la investigación del caso, así como por las negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores.
La agresión a una familia que viajaba en un automóvil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con disparos de arma de fuego realizados desde un helicóptero de la Secretaría de Marina (SEMAR) que provocaron la pérdida de la vida de dos niñas y su madre, así como daños a la integridad de otras tres personas, motivó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 4/2019, dirigida al Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales y del estado de Tamaulipas la implementación de medidas cautelares con el fin de salvaguardar la integridad de las 22 personas probablemente en contexto de migración internacional que, de acuerdo con la información pública, fueron privadas de su libertad en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, y se realicen todas aquellas acciones necesarias y suficientes para agilizar su búsqueda y localización para evitar daños irreparables a sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad.
Al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención), el Estado mexicano adquirió el compromiso de proteger, promover y asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad para lograr su plena inclusión en la sociedad.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales a la circulación de personas migrantes no detendrán su intención por alcanzar el destino pretendido, y recomendó a gobiernos y sociedad realizar esfuerzos significativos para evitar el surgimiento de fenómenos xenófobos y preconceptos contra otras culturas y poblaciones de origen distinto
