PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 61/2016.
SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de la impugnación del artículo 137, párrafo segundo, en la porción normativa “excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo”, y 144, fracción I, en las porciones normativas “12 años de edad” y “de discapacidad”, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el diario oficial de la federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 36, párrafo tercero, y 141, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 139, en la porción normativa “de forma exclusiva”, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia.
QUINTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al congreso de la unión, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.
SEXTO. Publíquese esta resolución en el diario oficial de la federación y en el semanario judicial de la federación y su gaceta.
Prohibición de penas trascendentales, obligación de garantía del Estado, derecho a la protección de datos personales, a la igualdad, reinserción social, vida privada, así como los principios de legalidad, interés superior del niño y pro persona.
Demanda de acción de inconstitucionalidad 61/2016, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 18 de julio de 2016, en contra de los artículos 36, tercer párrafo, 137, párrafo segundo, 139, en la porción normativa que señala “no remuneradas”, 141 fracción VII y 144, fracción I, en la porción normativa que indica “de 12 años de edad” de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
