- Facultad de la Fiscalía para decretar el aseguramiento de bienes sin control judicial previo.
- Requisitos discriminatorios por origen nacional, de antecedentes penales y responsabilidades administrativos para ocupar cargos públicos.
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 23, fracción XXIII, 35, fracción V, 74, fracciones I, en su porción normativa ‘por nacimiento’, y VII, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público; ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local’, 75, fracciones I, en su porción normativa ‘por nacimiento’, y VI, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público; ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local’, 84, apartado A, fracción VIII, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local’, 85, apartado A, fracciones I, en sus porciones normativas ‘por nacimiento’ y ‘sin tener otra nacionalidad’, y XI, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local’, y 86, apartado A, fracciones I, en su porción normativa ‘por nacimiento’, y VIII, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local’, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 357, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en términos de los considerandos séptimo, octavo y noveno de esta decisión, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en el considerando décimo de esta determinación.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Derechos a la igualdad y no discriminación, de libertad de trabajo, de ocupar un cargo público, a la seguridad jurídica, al debido proceso; los principios de presunción de inocencia, de reinserción social y de legalidad, así como la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos.
Demanda de acción de inconstitucionalidad 111/2019, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de octubre de 2019, en contra de los artículos 23, fracción XXIII, 35, fracción V, 74, fracciones I, en la porción normativa “por nacimiento”, y VII, excepto en la porción normativa “No estar suspendido”, 75, fracciones I, en la porción normativa “por nacimiento”, y VI, excepto en la porción normativa “No estar suspendido”, 84, apartado A, fracción VIII, excepto en la porción normativa “No estar suspendido”, 85, apartado A, fracciones I, en las porciones normativas “por nacimiento” y “sin tener otra nacionalidad”, y XI, excepto en la porción normativa “No estar suspendido”, y 86, apartado A, fracciones I, en la porción normativa “por nacimiento”, y VIII, excepto en la porción normativa “No estar suspendido”, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
