Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
“Las malas situaciones solo pueden ir a peor sin una buena gestión del riesgo de desastres. El riesgo de desastres no es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales y nacionales. La COVID-19 ha puesto de manifiesto que el riesgo sistémico requiere la cooperación internacional. Para gestionar bien el riesgo de desastres hay que actuar sobre bases científicas y datos.”
 
António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
2020
 
 

E22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución A/RES/47/196, decide declarar el 17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza[1].

La fecha fue elegida debido a que el 17 de octubre de 1987 más de cien mil personas se reunieron en la plaza del Trocadero, en París, siendo este el lugar donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Las personas reunidas en ese lugar proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto[2].

La pobreza conlleva a diversas problemáticas de derechos humanos urgentes y es a la vez causa y consecuencia de violaciones a estos mismos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, quienes viven en pobreza se ven expuestas a la denegación de su dignidad e igualdad[3].

Este Día Internacional se encuentra estrechamente vinculado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dentro de ella se promete no dejar a nadie atrás y se aspira a erradicar la pobreza para el año 2030. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 tiene por objetivo poner erradicar la pobreza en todas sus formas y a nivel mundial. Dentro de este objetivo encontramos diversas metas, por ejemplo[4]:

  • 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
  • 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
  • 1.a. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

La comunidad internacional y todas las personas en particular debemos de dejar de pensar que el problema de la pobreza es exclusivamente una falta de ingresos. Es un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad y que debe ser atendido por los gobiernos y la sociedad en su conjunto.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, impidiéndoles ejercer sus derechos y perpetuando su pobreza, entre ellas se encuentran: condiciones de trabajo peligrosas, vivienda insegura, falta de alimentos nutritivos, acceso desigual a la justicia, falta de poder político, acceso limitado a la atención médica, entre otros.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), una herramienta para medir el progreso en relación con el ODS 1, y comparar la pobreza multidimensional aguda para más de 100 países y 5,700 millones de personas, monitoreando los cambios a lo largo del tiempo[5].

A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte de que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años, desde 1990.

Más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las personas que viven con menos de 1,90 dólares al día viven en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2 %; más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas[6].

En México, la medición nacional de la pobreza muestra un panorama grave: la mitad de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. Si bien la medición multidimensional de la pobreza tiene como punto de partida los derechos sociales, la ausencia o satisfacción de las carencias usadas en la medición no equivale al cumplimiento de los derechos. Así, el fundamento normativo proviene del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de todas las autoridades de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México[7].

No obstante, de acuerdo con el informe correspondiente al segundo trimestre de 2021 presentado por el CONEVAL:

  • Entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre 2021, la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) disminuyó 0.9 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 39.4% a 38.5%.
  • Se observa un aumento del ingreso laboral real per cápita promedio del primer quintil entre el primer y segundo trimestre 2021, es decir, en el 20.0% de la población de menores ingresos, al pasar de $92.69 a $118.78 pesos reales.
  • El aumento en el ingreso laboral real per cápita de la población de menores ingresos entre el primer y segundo trimestre de 2021 contribuye en parte a una reducción de la desigualdad, medida a partir del coeficiente de Gini que pasa de 0.512 a 0.503[8].

Por otro lado, es importante no dejar de lado la situación por la que el mundo atraviesa en estos momentos debido al virus del COVID-19, es por ello que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió el informe anual Panorama Social de América Latina 2020, dentro del cual se destaca que como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33.7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. De igual manera el informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza[9].

Por ello, la CEPAL insta a:

  • Garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar. En el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.
  • Avanzar hacia una sociedad del cuidado que permita garantizar una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe.
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