Huelga minera de Nueva Rosita, Cloete y Palau, Coahuila en defensa de los derechos laborales

El 16 de octubre de 1950 los mineros de Nueva Rosita, Palau y Cloete, en Coahuila, emplazaron a huelga para defenderse de los abusos laborales de las empresas Mexican Zinc Company y Carbonífera de Sabinas, del monopolio ASARCO, en un intento por mantener sus derechos laborales y humanos, violados por las empresas y el propio Estado mexicano encabezado por el presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952)[1].

Los directivos y dueños de los negocios metalúrgicos ordenaron aquel 16 de octubre de 1950 en Nueva Rosita no hacer sonar los silbatos que indicaban a los trabajadores las horas para el cambio de actividades dentro de la empresa. Era esta la forma de medir el tiempo de la jornada en la mina: con un silbatazo se indicaba la hora de entrar, el mediodía, la hora de comer y la hora de salir. Como los dueños fueron avisados del emplazamiento a huelga, suponían que con ese burdo mecanismo conseguirían evitarla. Creían que si no avisaban las horas, los mineros no ubicarían el momento de iniciar la huelga, pero los mineros llevaban relojes. Llegaron a trabajar como cualquier otro día y, en vez de iniciarla a las diez de la mañana, según lo habitual, decidieron estallarla al mediodía. A esa hora dejaron la mina en silencio e iniciaron su resistencia y protesta junto con los mineros de Palau y Cloete[2].

Esta acción era la última de varios intentos por defender la autonomía sindical ante las infiltraciones de los líderes vendidos a los empresarios y al Estado, como Jesús Díaz de León, a quien, por llegar vestido de charro a las reuniones sindicales, llamaban El Charro, y cuyos actos de corrupción debilitaron la lucha obrera, dando origen a los conceptos charrazo y charrismo.

En 1946 fue nombrado presidente de México Miguel Alemán Valdés, quien se caracterizó por su apoyo a los patrones y por sus prácticas represivas y persecución en contra de los líderes opositores que entorpecieran sus proyectos de privatización. Cuando el poder adquisitivo cayó en 1948, los trabajadores mexicanos se manifestaron en diversas ocasiones, pero el sindicalismo fue infiltrado y coaccionado a través de la progobiernista Central de Trabajadores de México (CTM). Ante esto, los colectivos obreros independientes del petróleo, los ferrocarriles y la minería se integraron en el Pacto de Solidaridad, Amistad y Ayuda Mutua para defender sus derechos. Ese año, el Estado reaccionó con su sistema represivo, aprehendiendo el 26 de octubre a los líderes de Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) Valentín Campa Salazar y Luis Gómez Zarate, imponiendo así al Charro, quien avaló la toma de las instalaciones sindicales. Quedó claro que con Alemán Valdés la autonomía sindical no solo no sería respetada, sino que además se le reprimiría con todo recurso que el Gobierno tuviera a la mano o gestara para ello[3].

Cuando en 1949 petroleros y mineros convocaron a un congreso para discutir una nueva estrategia de alianza con base en el internacionalismo proletario –forjándose la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM)–, la ofensiva gubernamental no se hizo esperar. De esta manera se lanzó en contra de los petroleros, tal como había hecho con los ferrocarrileros; por lo tanto, los mineros se quedaron solos en la lucha.

En julio de 1950 se firmó un contrato colectivo en las minas coahuilenses –con vigencia hasta julio de 1952– con un acuerdo que establecía que las ganancias adicionales en casos de incremento al precio de los metales se deberían repartir en forma tripartita para elevar salarios, pagar impuestos federales y aumentar las ganancias empresariales. Precisamente ese año se obtuvieron alrededor de 178 millones de pesos en ganancias por aumento al precio de los metales exportados a los Estados Unidos, pero la empresa no pagó la parte correspondiente a los mineros. Esa fue la causa inmediata del emplazamiento a huelga el 26 de octubre.

La devastadora represión con que se trató a aquel movimiento minero es una vergüenza histórica para el Estado mexicano, para sus aliados empresariales y políticos, así como para sus cómplices sindicales como el Charro. Tras la huelga, se declaró a Nueva Rosita en estado de sitio bajo patrullaje militar. Se suspendieron las garantías individuales: hubo detenciones forzadas y los registros e interrogatorios, que no prescindían de la tortura, se convirtieron en norma de vida para esa comunidad. La Secretaría de Trabajo congeló los fondos de la cooperativa minera y ésta, con sus dos sucursales, fue cerrada, echándose a perder los comestibles en sus almacenes y perdiéndose otros artículos. La vida se volvió crítica para la población local y los huelguistas. Precisamente de eso se trataba: de acabar con la resistencia a fuerza de hambre y necesidades. A los mineros se les negó la atención médica y el derecho a la educación para sus hijos, a quienes por orden de las autoridades se les dio de baja en las escuelas. La Cámara de Comercio de Nueva Rosita negó a los comerciantes permiso para vender alimentos a los huelguistas y sus familias o simpatizantes; asimismo, se giraron órdenes expresas de cortar todos los servicios a los líderes, sobre todo el agua y la luz. Por si fuera poco, también se censuró la correspondencia[4].

Ante esta situación, el 20 de enero de 1951 los mineros de Nueva Rosita iniciaron una marcha hasta la Ciudad de México. La Caravana de la Dignidad, conformada por alrededor de 5 mil personas, avanzó por casi mil 500 kilómetros, con el objetivo de entregar al gobierno un pliego petitorio. Entre ellos marchaba una treintena de mujeres que habían enfrentado esta situación desde el inicio, intentando dialogar con las autoridades, pero se enfrentaron a las bayonetas militares. Juana Blanca de Santos, Consuelo Banales de Solís, Juana Jasso y Amelia Mata son algunas de esas valientes[5].

Este indignante acontecimiento es un ejemplo de la lucha por los derechos laborales, a manifestarse pacíficamente, a la integridad física, a no recibir tratos inhumanos ni degradantes, a organizar sindicatos y cooperativas y a que no se nos condicionen los servicios básicos como agua y electricidad, entre otros.