Marisela Escobedo Activista social y victima que protestaba por el feminicidio de su hija Rubí
“Es un crimen de Estado porque el Estado se benefició de algún modo, aunque fue el escándalo mediático primero, por terminar con ese tipo de víctimas tan contestatarias y exigentes”.
 
Lucha Castro
Abogada de Marisela Escobedo y defensora de derechos humanos
 
 

El 16 de diciembre de 2010, cerca de las 21 horas, Marisela Escobedo Ortiz se encontraba recogiendo las pancartas con las que denunciaba la impunidad por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol, durante el plantón que llevaba a cabo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. En ese momento, un hombre bajó de un vehículo y, aunque Marisela intentó huir, el individuo la persiguió y le disparó en varias ocasiones[1].

En agosto de 2008, Rubí Marisol Frayre, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su pareja, Sergio Rafael Barraza. Desde ese momento, Marisela Escobedo luchó arduamente para conocer el paradero de su hija, repartiendo volantes, uniéndose a grupos de madres en busca de hijas desparecidas y acudiendo a medios de comunicación. El 30 de enero de 2009 recibió una llamada de Ángel Valles, quien atestiguó haber escuchado una plática de Sergio Barraza en la cual confesaba el asesinato de Rubí. En junio de ese mismo año, el asesino confesó, incluso indicó el lugar donde había enterrado a su víctima. Las pruebas de ADN a los restos óseos confirmaron que se trataba de ella.

Sin embargo, a pesar de su declaración de culpabilidad, Sergio Barraza fue liberado meses después porque la fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito[2]. La increíble decisión motivó a Marisela a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual expidió la Recomendación 44/2013, donde se evidenciaron las fallas del sistema judicial en Chihuahua, pidió correcciones, la investigación de los servidores públicos que intervinieron y una disculpa pública por parte del Estado. Asimismo, la CNDH condenó las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y señaló la revictimización de Marisela Escobedo y su familia el 3 de mayo del 2010, cuando se absolvió al asesino de Rubí. Aunado a ello, este organismo nacional determinó diversos derechos humanos que fueron violados en este caso: legalidad, seguridad jurídica, trato digno, debida procuración de justicia y derecho a la verdad[3].

Días después de la emisión de la recomendación, un tribunal superior cambió la sentencia que permitió la liberación de Barraza, pero el agresor ya había escapado. A partir de ello, Marisela Escobedo se convirtió en activista y símbolo de la lucha contra la impunidad en México e inició una serie de protestas para exigir la recaptura del asesino de Rubí, mediante marchas y haciendo peticiones a las autoridades.

Por su lado, Sergio Rafael Barraza, el feminicida de Rubí, se integró al grupo criminal Los Zetas, un cártel bien organizado y violento constituido principalmente por antiguos miembros de las Fuerzas Especiales mexicanas. A este grupo pertenecía también José Enrique Jiménez Zavala, el Wicked, el autor material del feminicidio de Marisela Escobedo el 16 de diciembre de 2010.

Así, Marisela se convirtió en una víctima silenciada por el crimen organizado en el norte del país. Sergio Barraza murió el 16 de noviembre de 2012 en un enfrentamiento con militares en el estado de Zacatecas, donde Marisela Escobedo había señalado una y otra vez que se encontraba el asesino de su hija[4].

En 2020, a una década del asesinato de Marisela Escobedo, la plataforma de entretenimiento Netflix estrenó el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, dirigido por Carlos Pérez Osorio. Hoy, después de años de activismo por parte de los familiares de las víctimas, este tipo de crímenes se reconocen como feminicidios: asesinatos por violencia machista[5].

El 2 de noviembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la existencia de una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Frayre Escobedo y el asesinato de Marisela Escobedo, otorgándole un plazo de tres meses para remitir sus observaciones[6]. Esta notificación es el resultado de la presentación del caso ante la Corte, en junio de 2019, por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanas y Mexicanos en el Exilio (Mex-en-Ex)[7].

El 8 de marzo de 2022, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) inauguró dentro de sus instalaciones un memorial en honor a Marisela. Al respecto, Ruth Fierro, presidenta del centro, mencionó: “A través de este mural queremos mantener viva la lucha, la historia de Marisela y su familia, pero también reconocer la digna lucha que todos los días miles de mujeres tienen que emprender para poder acceder a la verdad y a la justicia, en un país en donde prevalecen altas tasas de violencia y altos índices de impunidad"[8].

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